La crisis política y social en Venezuela sumó ayer dos nuevos capítulos con el alzamiento, rápidamente sofocado, de un pequeño grupo de militares encabezados por un suboficial y un fallo judicial que declaró inconstitucional al parlamento y desconoció a sus autoridades.
El levantamiento fue protagonizado por un grupo de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militar) de un cuartel del barrio caraqueño Cotiza, que a través de videos divulgados en redes sociales llamó en la madrugada a la población a salir a las calles en su respaldo.
“Nos pidieron defender la Constitución y aquí estamos con las tropas”, dijo en un video quien se identificó como el sargento mayor de tercera Valdren Figueroa, aparentemente el jefe de la asonada.
Mientras circulaba ese video -incluso divulgado en cuentas del gobierno-, decenas de efectivos militares, de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin, policía política) acordonaban el barrio.
Un rato después, el número dos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) gobernante, capitán Diosdado Cabello, informó que el alzamiento había sido sofocado.
“Obligados a confinarse en Cotiza, el grupo de asaltantes fueron neutralizados, rendidos y capturados en tiempo récord; ya están confesando detalles; lo primero que dijeron fue que les ofrecieron villas y castillos y los dejaron solos, que los habían engañado”, dijo Cabello en Twitter.
Además, medios venezolanos dieron cuenta de que había vecinos de la zona que golpeaban cacerolas en respaldo a los militares sublevados.
En tanto, el diputado opositor Julio Borges, quien vive en el exilio, afirmó en Twitter que “el mismo descontento y deseo de cambio que motivó la sublevación de la GNB en Cotiza existe en toda la FANB” (Fuerza Armada Nacional Bolivariana).
Más tarde, la Asamblea Nacional (AN), el parlamento con holgada mayoría opositora, incluyó a Cotiza entre los nueve barrios de Caracas desde donde partirán mañana miércoles marchas de protesta contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
El chavismo gobernante convocó a manifestaciones para ese mismo día en las calles de la capital, incluso, en algún caso, en las mismas zonas donde se concentrarán los simpatizantes de la oposición.
El 23 de enero es una fecha emblemática en Venezuela debido a que ese día de 1958 cayó la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez.
Por otra parte, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró inconstitucional a la AN y sostuvo que “no tiene junta directiva”, lo que implica un desconocimiento de sus autoridades, encabezadas por el diputado Juan Guaidó.
La Sala Constitucional del TSJ fundó su fallo en la “omisión constitucional reiterada” en que, a su juicio, incurrió la AN y la acusó de actuar con “irracionalidad jurídica”, según reportó la agencia de noticias EFE.
La semana pasada, la AN sancionó resoluciones que declararon a Maduro usurpador de la Presidencia de la República y prometieron sancionar una ley de amnistía para beneficiar a los funcionarios civiles y militares que desconozcan al mandatario.
Asimismo, el máximo tribunal dijo que Guaidó incurre en “ejercicio írrito del poder público” y advirtió que ello “acarrea responsabilidad individual con motivo de la violación del texto constitucional”.
Venezuela vive inmersa en un conflicto de poderes desde comienzos de 2016, cuando la AN quedó con una holgada mayoría opositora como resultado de las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015.
Desde entonces, las decisiones del parlamento fueron neutralizadas mediante fallos del TSJ, que declaró al Legislativo en “desacato” y luego mediante la creación de una Asamblea Nacional Constituyente que solo integran chavistas y se declaró plenipotenciaria pero que en un año y medio no elaboró ninguna propuesta relacionada con la carta magna.