El Grupo de Lima, integrado por la Argentina y otros doce países de la región, instaron el viernes por la tarde a Nicolás Maduro a entregar el poder a la Asamblea Nacional que administra la oposición para buscar desde allí una salida pacífica a la crisis política de Venezuela. El heredero de Hugo Chávez comenzará el 10 de enero su nuevo período en el Palacio de Miraflores, pero los ministros de Relaciones Exteriores de esa organización multilateral adelantaron que no lo reconocerán como tal.

"La declaración adoptada por el Grupo de Lima tiene un mensaje político contundente: no reconocer la legitimidad del nuevo periodo del régimen venezolano", apuntó el canciller peruano, Néstor Popolizio, al encabezar la reunión.

El Grupo de Lima consideró "ilegal" el Gobierno de Maduro y "legal" la Asamblea Nacional y por eso le exigió al titular del Poder Ejecutivo que le transfiera sus atributos al Poder Legislativo porque las elecciones del 20 de mayo de 2018, en la que fue reelecto, "carece de legitimidad".

En la misma línea, los cancilleres remarcaron la importancia del "respeto a la integridad, la autonomía y la independencia del Tribunal Supremo de Justicia" así como reafirmaron la "inequívoca condena a la ruptura del orden constitucional y del Estado de Derecho".

"La solución a la crisis política de Venezuela corresponde a los venezolanos", aclaró el Grupo de Lima, al tiempo que consideró que "solo a través del pleno restablecimiento de la democracia y el respeto de los derechos humanos" sus vecinos podrán colaborar con la crisis política, económica, social y humanitaria que atraviesa Venezuela.