El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ordenó el “toque de queda y la militarización” de Quito y sus alrededores a causa de la violencia en las manifestaciones iniciadas hace 11 días contra las reformas económicas pactadas por su gobierno con el FMI.
Más allá de la constante búsqueda de chivos expiatorios para explicar el estallido social -Moreno ya había culpado a su par venezolano y al chavismo por el levantamiento popular- lo cierto es que el centro de Quito se había convertido un campo de batalla constante. La represión del gobierno de Lenin Moreno se extiende de día y de noche y el acceso a la Asamblea Nacional está cortado por decenas de barricadas donde se repite una consigna central: “fuera Moreno fuera”.

La pulseada lleva diez días y ha escalado en masividad popular y violencia estatal. Primero fueron los transportistas, luego el movimiento indígena, centralmente la Coordinara de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), y en los últimos días se ha vuelto más amplia: jóvenes, barriadas, mestizos, blancos, trabajadores.

El punto de inicio, la gota que rebasó el vaso, fue el anuncio de Moreno de llevar adelante una serie de medidas de ajuste en el marco del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un préstamo de 10 mil millones de dólares. El punto crítico, dentro del llamado “paquetazo”, fue el decreto 883 que quitó el subsidio a la gasolina con su consecuente aumento desde la estación de servicio hasta el plato de comida. La postura del gobierno ha sido desde el primer momento la negación a dar marcha atrás: decretó el estado de excepción y luego el toque de queda. Moreno se desplazó de la ciudad de Quito a Guayaquil --no se sabe ahora donde se encuentra-- y desde allí comandó la respuesta a la movilización que subestimó.

Con el correr de los días la amplitud de la respuesta popular creció: movilizaciones en diferentes ciudades, bloqueos de carreteras a nivel nacional, y la confluencia de una gran movilización de la CONAIE y otros movimientos indígenas que llegó a la ciudad de Quito el miércoles pasado.

El anuncio de un posible cambio de escenario vino con la declaración del alcalde de Quito, Jorge Yunda: “el señor presidente, ante la sensibilidad de lo que está pasando en el país, ha aceptado analizar el decreto 883”. El impacto de ese anuncio parece incierto, tomando en cuenta que el día anterior el presidente había llamado al diálogo para luego recrudecer la dimensión de la represión. 
Sin embargo, la CONAIE no dejó pasar la oportunidad para reiterar su posición. “Insistimos en la necesidad del diálogo de manera directa y pública sobre el decreto 883 para su respectiva derogatoria o revisión del mismo. Dejamos claro que no dialogaremos sobre ningún tipo de compensación,” declaró en un comunicado.

Por el momento el bloque de poder que sostiene a Moreno no ha dado señales de quitarle el respaldo. Cuenta con ese apoyo para sostener una posición de dureza, pero enfrenta una conmoción interna que no tiene horizonte de finalización dentro de esta espiral ascendente de movilización y represión que no disuade a los manifestantes, sino que agudiza la confrontación.

La crisis abierta en Ecuador es doble: de un presidente que traicionó su promesa de gobierno y enfrenta niveles muy bajos de legitimidad, y de un proyecto de reconquista neoliberal con el último paso consistente en subordinarse al FMI. Eso está impugnado en las carreteras del país y las calles de Quito que se han vuelto un campo de batalla en un país donde en el pasado reciente tres presidentes han sido destituidos por la movilización indígena y popular.