El parlamento de Bolivia recibió ayer la carta de renuncia de Evo Morales a la Presidencia, en la que indica que con su decisión busca “evitar” la violencia, expresa su deseo de que retorne la “paz social” al país y vuelve a denunciar que fue víctima de un golpe de Estado.

“Mi responsabilidad como presidente indígena y de todos los bolivianos es evitar que los golpistas sigan persiguiendo a mis hermanos y hermanas dirigentes sindicales”, señaló en el texto enviado al Senado.

“Hoy es el momento de la solidaridad entre nosotros y nosotras, mañana será el momento de la reorganización y el paso al frente de esta lucha que no termina con estos tristes sucesos”, agregó.

Además, Evo Morales destacó que fue “obligado” a renunciar por un golpe de Estado liderado por “fuerzas oscuras que han destruido la democracia”. 

En el texto, el mandatario renunciante condena que en Bolivia se siga “hostigando y persiguiendo” a indígenas, dirigentes y autoridades de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS).

La carta de Morales llegó a la Asamblea Legislativa Plurinacional junto con la de su vicepresidente, Álvaro García Linera. Además de Morales y Linera, renunciaron los presidentes de las dos cámaras de la asamblea y funcionarios aliados de los gobiernos locales.

Después del golpe de Estado impulsado por la Polícia y las Fuerzas Armadas bolivianas, la Secretaría General de la OEA emitió un comunicado en el que consideró una “crisis política e institucional” lo que ocurre en Bolivia y solicitó que la Asamblea Legislativa Plurinacional se reúna para aceptar la renuncia del presidente con mandato constitucional y “nombrar nuevas autoridades electorales que garanticen un nuevo proceso electoral”.

El comunicado firmado por el secretario general, Luis Almagro, se escuda en la renuncia de Evo Morales para no apelar a la aplicación de la carta democrática -cláusula regional que desconoce a los gobierno surgidos de una “alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático”- y convoca a la justicia a investigar “delitos vinculados al proceso electoral”, definición que no apareció en el comunicado en el que la OEA solicitó que se repita el proceso electoral. 

El comunicado de la OEA sostiene el rechazo a “cualquier salida inconstitucional a la situación”, “la pacificación” y el “respeto al Estado de Derecho” pero sin hacer mención a la interferencia de las fuerzas militares que forzó la renuncia de Evo Morales. 
Ese fue el tono también de las declaraciones de los gobiernos sudamericanos gobernados por la derecha, entre ellos, Argentina,  Brasil, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Ecuador. Ninguno de esos países, reunidos a principios de año en un nuevo organismo denominado ProSur, reconoció la existencia de un golpe de Estado. Por el contrario, sí lo hicieron los gobiernos de Uruguay, México y Venezuela. 

De esa manera, el comunicado de la OEA solicitó que “en forma urgente se reúna la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia a los efectos de asegurar el funcionamiento institucional y nombrar nuevas autoridades electorales que garanticen un nuevo proceso electoral”.

En paralelo, el candidato a la presidencia de la oposición Carlos Mesa, quien quedó en segundo lugar en las elecciones del 20 de octubre, ofreció una conferencia de prensa en la que le pidió a la Policía que levante su acuartalamiento, algo que ocurrió poco después.