La defensora del Pueblo de Bolivia, Cruz Tarifa, presentó un pedido de inconstitucionalidad del decreto 4078 firmado por la autoproclamada presidente Jeanine Áñez, que exime a las fuerzas armadas de responsabilidad penal para reprimir las movilizaciones contra el golpe de Estado. “Hay que recordarles a los policías y militares que consideren que este decreto les da un margen de protección que no es así”, advirtió la defensora del pueblo y exigió no “olvidar las muertes” ocurridas en Cochabamaba el viernes pasado. Por el momento, la Justicia boliviana solo ordenó la detención de 9 cocaleros y un dirigente del MAS.

El decreto -que consiguió la rápida condena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)- fue firmado por Áñez en la mañana del sábado, tras la masacre producida por la represión contra los sindicatos cocaleros en la localidad de Sacaba, a pocos kilómetros del centro de Cochabamba. La defensora del Pueblo confirmó que hubo 9 muertos y 122 heridos tras la represión, “el número más alto” de víctimas desde que la violencia comenzó a escalar en Bolivia tras las elecciones del 20 de octubre.

Tarifa, en diálogo con FM La Patriada, precisó que desde las elecciones se produjeron 23 muertes, pero 14 de ellas ocurrieron, por impactos de bala, a manos de policías y militares desde el golpe de Estado, mientras que el resto ocurrieron por enfrentamientos entre civiles.