La justicia colombiana investiga el hallazgo de una fosa común donde sospechan que hay más de 50 civiles víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Para dar con la fosa fue fundamental el testimonio de un militar retirado. El hombre reveló que allí se encontraban cadáveres que habían sido presentados como bajas de combate aunque no lo eran. El organismo encargado de investigar este nuevo caso de “falsos positivos” es la Justicia Especial para la Paz (JEP). Hasta el momento la JEP acreditó cerca de 400 víctimas bajo esta modalidad.

La JEP informó que la exhumación de los cadáveres comenzó el lunes pasado. Hasta el momento fueron hallados siete cadáveres completos, según este tribunal creado a instancias del Acuerdo de Paz de 2016. La fosa se encuentra en el cementerio Las Mercedes ubicado en el municipio de Dabeiba, a unos 200 kilómetros al noroeste de Medellín.

“Se presume que en el cementerio de Dabeiba se encontrarían los restos de más de 50 personas presentadas ilegítimamente como bajas en combate”, afirmó en un comunicado el organismo. “Los indicios preliminares indicarían que se trata de hombres entre los 15 y los 56 años, con domicilio en Medellín, y entre los que se encontrarían personas en condición de discapacidad”, explicó la JEP. También se recuperaron numerosas estructuras y fragmentos óseos de otras posibles víctimas que serán analizados para poder identificarlos.

En la investigación fue fundamental el testimonio de un ex integrante del Ejército. La información que brindó el militar retirado fue contrastada con otras pruebas, según informó el tribunal. El testigo se sometió a la JEP para obtener beneficios penales, a cambio de confesar sus crímenes y ayudar a reparar a las víctimas. “Estos hechos nunca habían sido investigados por la justicia ordinaria”, señaló la JEP. Las fosas en Dabeiba tienen la particularidad de que se encuentran en un cementerio situado dentro del perímetro urbano. En otros casos similares los cadáveres estaban en zonas despobladas, generalmente en las montañas.

Los casos

Los “falsos positivos” salieron a la luz hace más de una década. En el caso más resonante varios jóvenes, algunos de ellos con discapacidad, aparecieron muertos en las afueras de Ocaña, segunda ciudad del departamento de Norte de Santander (noreste). Esta escabrosa política fue aplicada por miembros del ejército colombiano desde la década del noventa. Consistía en reclutar civiles con promesas de trabajos falsos para conducirlos a distintos lugares donde eran ejecutados. Una vez perpetrado el crimen, los militares presentaban a los asesinados como guerrilleros muertos en combate con el objetivo de obtener de sus superiores ascensos, condecoraciones o permisos.