Este martes, el Vaticano incluyó a los abusos a menores como delito en el código penal de la Iglesia católica. El Papa Francisco reformó el Libro VI del Código de Derecho Canónico, e introdujo un artículo que contempla la pedofilia, específicamente los delitos de abusos contra menores cometidos por sacerdotes, una medida largamente reclamada por las víctimas, informó el Vaticano.

Este es uno de los siete libros que forman el Código de Derecho Canónico y su modificación entrará en vigencia a partir del próximo 8 de diciembre. "Para responder adecuadamente a las exigencias de la Iglesia (católica) en todo el mundo resultaba evidente la necesidad de revisar también la disciplina penal promulgada por san Juan Pablo II, el 25 de enero de 1983, con el Código de Derecho Canónico", explicó Francisco.

El trabajo de revisión se inició en 2007 con el papa emérito Benedicto XVI y concluye ahora, con un texto que "introduce cambios de diversa índole en el derecho vigente y sanciona algunas nuevas figuras delictivas", en palabras de Francisco. También se ha mejorado "desde el punto de vista técnico, especialmente en lo que se refiere a aspectos fundamentales del derecho penal, como el derecho de defensa, la prescripción de la acción penal, una determinación más precisa de las penas".

Ahora se ofrecen "criterios objetivos en la identificación de la pena más adecuada a aplicar en el caso concreto", reduciendo la discrecionalidad de la autoridad, para favorecer la unidad eclesial en la aplicación de las penas, "especialmente para los delitos que causan mayor daño y escándalo en la comunidad", añade el pontífice.

Los cambios más significativos están en dos artículos, el 1.395 y el 1.398, que pretenden corregir problemas y déficits en la gestión de abusos sexuales por parte de la Iglesia. La ley reconoce que los adultos también pueden ser víctimas de sacerdotes que abusan de su autoridad, y dicen que los legos que ejercen labores eclesiásticas pueden ser castigados por abusar de menores o adultos.

El Vaticano también penalizó el “grooming’' de menores o adultos vulnerables por parte de sacerdotes para incitarles a participar en material pornográfico. Es la primera vez que el derecho canónico reconoce oficialmente como criminal el método utilizado por agresores sexuales para entablar relaciones con sus víctimas, con regalos y otras distinciones, para luego explotarles sexualmente.

La ley también elimina gran parte de la discreción que durante mucho tiempo había permitido a obispos y superiores religiosos ignorar o encubrir el abuso, dejando claro que pueden ser considerados responsables de omisiones y negligencia al no investigar y sancionar adecuadamente a los sacerdotes implicados.