Soldados brasileños respaldados por la policía desmantelaron el lunes un campamento de partidarios del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro en la capital, un día después de que los manifestantes lanzaran el peor ataque contra las instituciones estatales de Brasil desde su regreso a la democracia en la década de 1980.

Después de que miles de partidarios de Bolsonaro irrumpieran el domingo en el Congreso, el Tribunal Supremo y el palacio presidencial, policías con material antidisturbios se amontonaron en el campamento frente al cuartel general del Ejército en Brasilia, mientras los soldados desmontaban tiendas de campaña, dijeron testigos de Reuters.

Los manifestantes fueron dispersados.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el rival izquierdista de Bolsonaro que asumió el cargo el 1 de enero tras una estrecha victoria en las elecciones de octubre, prometió llevar ante la justicia a los responsables de la violencia, luego de que los manifestantes rompieran ventanas y muebles, destruyeran obras de arte y robaran armas y artefactos.

Lula, que volvió al trabajo en el palacio presidencial de Planalto, se reunió con su ministro de Defensa y los comandantes de las fuerzas armadas para discutir los ataques que recordaron el asalto al Capitolio de Estados Unidos hace dos años por partidarios del expresidente Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se unió a otros líderes mundiales para condenar los ataques, calificándolos de "escandalosos", mientras que Bolsonaro, que ahora se encuentra en Florida, negó haber incitado a sus seguidores y dijo que los manifestantes habían "cruzado la línea".

Bolsonaro fue ingresado en un hospital de Florida el lunes, dijo una fuente cercana a su familia, que añadió que su condición era "no preocupante".

Los camioneros pro-Bolsonaro, que han causado estragos en las carreteras de Brasil durante semanas, llevaron adelante más protestas durante la noche.

"Todavía hay gente tratando de bloquear las carreteras y el acceso a las refinerías de petróleo", dijo a la prensa el portavoz presidencial Paulo Pimenta. La petrolera estatal Petrobras dijo que sus operaciones de refinería y el suministro de combustible no se habían visto afectados.

El juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ordenó la destitución del gobernador de Brasilia la noche del domingo por 90 días por presuntas fallas de seguridad. También ordenó a las plataformas de redes sociales Facebook, Twitter y TikTok que bloquearan las cuentas de los usuarios que difundieran propaganda antidemocrática.

Meta, matriz de Facebook, dijo el lunes que estaba eliminando contenido que apoyaba o elogiaba el saqueo de edificios del Gobierno brasileño el fin de semana. Telegram, TikTok, Twitter y YouTube no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Los mercados financieros de Brasil se mantenían estables, con el índice bursátil de referencia Bovespa operando al alza por la tarde. Algunos analistas dijeron que la violencia del domingo podría fortalecer políticamente a Lula y tener un impacto en la política de la mayor economía de América Latina.

AGRESIÓN "FASCISTA"

Lula, quien fuera líder sindical y expresidente de 2003 a 2010, dijo que la policía local militarizada que depende del gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, exaliado de Bolsonaro, no hizo nada para detener el avance de los manifestantes.

Lula decretó la intervención federal de la seguridad pública en la capital y prometió castigos ejemplares a los líderes del asalto "fascista" que pretendía provocar un impacto militar que pudiera restituir a Bolsonaro en el poder.

"Todas las personas que hicieron esto serán encontradas y castigadas", dijo Lula a periodistas desde el estado de Sao Paulo.

Culpó a Bolsonaro de enardecer a sus partidarios después de una campaña de acusaciones infundadas sobre fraude electoral tras el fin de su Gobierno marcado por el populismo nacionalista divisivo.

Desde Florida, donde Bolsonaro voló 48 horas antes de que terminara su mandato, el expresidente rechazó la acusación. Dijo en Twitter que las manifestaciones pacíficas eran democráticas pero que la invasión de edificios gubernamentales "cruza la línea".

El asalto generó dudas entre los aliados de Lula sobre cómo las fuerzas de seguridad en la capital no estaban preparadas y fueron abrumadas fácilmente por los alborotadores que habían discutido planes en las redes sociales durante días sobre reunirse para manifestaciones el fin de semana.

La invasión recordó el asalto al Capitolio hace dos años por parte de los partidarios de Trump.

"Los ataques violentos a las instituciones democráticas son un ataque a la democracia que no se puede tolerar", dijo el lunes el canciller alemán Olaf Scholz. El primer ministro británico, Rishi Sunak, condenó cualquier intento de socavar la transferencia pacífica del poder.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que Rusia condenaba "en los términos más enérgicos" las acciones de quienes están detrás del desorden.

La policía retomó los edificios públicos dañados en la capital después de tres horas y dispersó a la multitud con gases lacrimógenos.

El ministro de Justicia, Flavio Dino, dijo que 200 manifestantes habían sido arrestados. El gobernador Rocha, escribiendo en Twitter antes de que la corte anunciara su decisión, puso el número en 400.

Dino afirmó que las investigaciones tendrían como objetivo descubrir quién financió los varios cientos de autobuses que llevaron a los partidarios de Bolsonaro a Brasilia y también investigar a Rocha por no preparar la seguridad.

La ocupación de los edificios gubernamentales había sido planeada durante al menos dos semanas por los partidarios de Bolsonaro en grupos en plataformas de mensajería de redes sociales como Telegram y Twitter, sin embargo, las fuerzas de seguridad no hicieron ningún movimiento para prevenir el ataque, llamado por un grupo "la toma del poder por el pueblo".

Mensajes vistos por Reuters a lo largo de la semana mostraban a miembros de esos grupos organizando puntos de encuentro en varias ciudades del país, desde donde saldrían autobuses fletados hacia Brasilia, con la intención de ocupar edificios públicos.

El plan incluía acampar frente al cuartel general del comando del ejército de Brasilia, donde los manifestantes han estado desde que Lula ganó las elecciones en octubre.

En la tarde del domingo, cuando los manifestantes comenzaban a llegar a la explanada de Brasilia, en lugar de ser contenidos, fueron escoltados por carros de la Policía Militar con luces intermitentes.

La policía antidisturbios solo llegó al lugar dos horas después de que comenzaran las invasiones.

Bolsonaro enfrenta riesgos legales por varias investigaciones ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil y su futuro en Estados Unidos, donde viajó con una visa emitida solo para presidentes en ejercicio, está en duda.

REUTERS