Se emitió en la jornada del miércoles una orden de captura contra el presidente de Argentina, Javier Milei, su hermana, Karina Milei, secretaria general de la presidencia, y la ministra de seguridad, Patricia Bullrich. Así lo anunció el fiscal chavista Tarek William Saab. 

“Este ministerio público de República Bolivariana de Venezuela anuncia la asignación de dos fiscales especializados en la materia, quienes adelantan las diligencias pertinentes del caso, y se encuentran tramitando las órdenes de aprehensión contra los siguientes ciudadanos, en base a lo anteriormente dicho: uno, Javier Milei, presidente de la República Argentina; Karina Milei, secretaria general de la Presidencia de la nación Argentina; y Patricia Bullrich, ministra de seguridad de la nación Argentina”, dijo Saab a medios venezolanos.

La iniciativa del Ministerio Público Fiscal de Argentina fue impulsada por un pedido de las víctimas, quienes, representadas por el abogado Tomás Farini Duggan, apelaron al principio de justicia universal para denunciar los crímenes en Argentina.

En la audiencia, seis venezolanos expusieron los tormentos que padecieron, y uno de los testimonios resultó particularmente relevante, el de un fiscal venezolano, cuyo relato cuestionó la idea de que estos delitos debían ser juzgados exclusivamente en Venezuela.

Farini Duggan, representante del Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) y de la Fundación Internacional para la Libertad, solicitó la declaración indagatoria y la captura internacional de Maduro por delitos de lesa humanidad. Entre los crímenes denunciados, se destacó la desaparición de Rocío San Miguel y los abusos y ejecuciones ocurridos durante las convulsionadas elecciones presidenciales de julio en Venezuela, tras el fraude cometido por el régimen chavista. 

Sin embargo, el chavista argumentó su persecución contra el presidente argentino en el marco de la incautación del avión de carga Boeing 747 que fue embargado por Estados Unidos en colaboración con Argentina en 2023. El avión había sido transferido anteriormente de la aerolínea iraní Mahan Air -que según las autoridades presta apoyo al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán-Fuerza Quds- a Emtrasur, una aerolínea de carga venezolana y filial de una empresa estatal que había sido sancionada anteriormente por Estados Unidos.

Además de la exigencia a los países de Perú y Argentina, la presidencia  de Maduro también exigió a Chile, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Uruguay el retiro “inmediato” de sus representantes, en rechazo a sus “injerencistas” declaraciones sobre las presidenciales del 28 de julio.