La jueza estadounidense Loretta Preska ordenó el embargo de 210 millones de dólares en activos del Estado argentino, en línea con un fallo emitido en enero por la Corte Suprema de ese país. La decisión favorece al fondo Attestor y agrava la disputa legal entre Argentina y los acreedores de su deuda en default.
Según informó el portal 13 News, la medida no solo dispone el embargo inmediato de los 210 millones de dólares, sino que también impone el congelamiento preventivo de otros 100 millones. La ejecución se llevará a cabo a través de la Reserva Federal de Nueva York, lo que restringirá el acceso del Estado argentino a esos fondos.
Este nuevo fallo se suma a la reciente ejecución de una garantía por 325 millones de dólares en Londres en el caso del Cupón PBI, lo que incrementa la presión sobre Argentina en los tribunales internacionales.
De acuerdo con el consultor Sebastián Maril, la decisión de Preska marca un punto de inflexión en la disputa con los llamados holdouts, inversores que no aceptaron los procesos de reestructuración de deuda y buscan cobrar sus acreencias por vía judicial.
El origen de este conflicto se remonta a la crisis de deuda de Argentina y los intentos de reestructuración que dejaron a diversos fondos de inversión con reclamos pendientes. La reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos permitió que los acreedores ejecuten embargos sobre activos argentinos, facilitando que fondos como Attestor avancen en sus reclamos.
Preska, quien ya intervino en otros litigios relacionados con la deuda argentina, como el caso de YPF, basó su fallo en el marco legal establecido por la máxima corte estadounidense. Este precedente podría abrir la puerta a nuevos embargos en casos similares pendientes en los tribunales de ese país.
El trasfondo
Los acreedores involucrados en este proceso han mantenido una posición de holdouts desde el default de 2001, logrando fallos favorables que les han permitido embargar activos argentinos. En particular, Attestor Master reclama 460 millones de dólares, mientras que Bainbridge Fund tiene derecho sobre otros 100 millones.
La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó en enero la apelación presentada por Argentina, dejando firme la orden de embargo de Preska. La disputa involucra activos ligados a los bonos Brady, utilizados como garantía en la reestructuración de deuda de los años 90. Aunque en 2023 Argentina finalizó el pago de esas obligaciones, la reciente ofensiva judicial ha resultado en nuevos embargos, complicando aún más el escenario financiero del país