El ministro de Justicia, Germán Garavano, fue el encargado de romper el silencio gubernamental  tras la detención del exvicepresidente Amado Boudou. Según el funcionario, la decisión del juez Ariel Lijo "es legal" pero cuestionó  "la difusión de determinadas imágenes" del momento del arresto. 

Sobre esto, el titular de la cartera judicial aseguró que están investigando de donde provino la filtración y enfatizó que "son cosas que las fuerzas de seguridad y las autoridades judiciales tiene que evitar a toda costa".

Garavano, en diálogo con radio La Red, también puso reparos sobre la forma que se aplica la prisión preventiva en Argentina y pidió "una regulación mucho más específica y objetiva".

"El año pasado presentamos un proyecto en el Senado que establece causales objetivas para la prisión preventiva, que sea algo transversal y abarque los delitos por corrupción y los comunes", remarcó el ministro.