La Oficina Anticorrupción (OA), que conduce Laura Alonso, apeló ayer la falta de mérito dictada a la ex presidenta Cristina Fernández en la causa por la denominada “ruta del dinero K”, en la que está detenido y es sometido a juicio oral el empresario santacruceño Lázaro Báez.
La medida impulsada por Alonso, un día después de ser imputada por no investigar al Presidente en un supuesto conflicto de intereses por la empresa Correo Argentino que administraba su familia, fue replicada asimismo por la Unidad de Información Financiera (UIF).
La apelación será resuelta por la sala II de la Cámara Federal porteña, el mismo tribunal que ordenó al juez federal Sebastián Casanello citar a la senadora y ex presidente a declaración indagatoria en esta causa, informaron a Télam fuentes judiciales.
Tras cumplir ese trámite, el juez dispuso la falta de mérito de Cristina Kirchner y ordenó nuevas medidas de prueba.
“Concurren elementos de convicción suficientes para vincular a la encartada (Cristina Fernández de Kirchner) con las maniobras y, en consecuencia, dictar su procesamiento”, advirtió la OA en la apelación.
Para ello, el organismo recurrió a la declaración del imputado colaborador del caso el asesor financiero de Báez, Leonardo Fariña.
“De diversos pasajes de la declaración de Fariña surgen indicadores que permiten dar crédito a la imputación que se dirige a la ex presidenta de la Nación”, sostuvo.
Por ejemplo, se recordó que Fariña sostuvo que tras la muerte del ex presidente Néstor Kirchner, su viuda y por entonces jefa del Estado preguntó a Báez “si estaba sacando dinero al exterior”.
“Tal revelación es indicativa, por un lado, de que Fernández de Kirchner tenía vocación de dominio sobre los fondos dinerarios canalizados en el exterior por Lázaro Antonio Báez y personas de su entorno”, añadió. 
También es muestra, para la OA, “de que sabía -o consentía- cuando menos en forma genérica, las maniobras de expatriación, ocultamiento y exteriorización”.
Para la OA, la senadora Fernández “tenía vocación sobre el dinero de origen ilícito que manejaba” Báez y que “en verdad era de propiedad de su esposo y que tras la muerte de éste consideraba que esa fortuna le pertenecía”.
La ex presidenta “tenía aspiraciones de poseer todo ese patrimonio y sabía que podría ser canalizado a través de estructuras en el exterior”, agregó la apelante.
La OA remarcó que, tras la muerte de Néstor Kirchner, en octubre de 2010, las empresas del grupo Báez continuaron como adjudicatarias de obra pública, parte del dinero se repatrió y el vínculo “continuó”.
“La evidencia cabal del conocimiento de estas conductas por parte de Cristina Elisabet Fernández la constituyen las diversas acciones, emanadas de distintos órganos estatales de poder durante su gobierno, tendientes a brindar protección administrativa y judicial a Lázaro Antonio Báez”, añadió en su texto.
Por su parte, la UIF sostuvo que el juez Casanello “sobreestima el suceso correspondiente a la muerte de Néstor Kirchner como si este hechos hubieran dejado sin efecto los acuerdos existentes entre las familias Kirchner y Báez como si la prueba no señalara la continuidad de los mismos”.
“No sólo veremos que el circuito de lavado de dinero funcionaba mucho antes del fallecimiento de Néstor Kirchner, sino además que el resolutorio obvia manifestar que, aún después de acaecido el luctuoso suceso, el Grupo Báez continuó recibiendo obra pública, de modo preferencial”, sostuvo la UIF en la apelación presentada.