La reforma al Código de Tránsito y el Régimen de Faltas impulsada por el oficialismo, que se tratará este jueves en la Legislatura porteña, propone penas más severas para una serie de conductas relacionadas con el transporte de pasajeros. Uno de los puntos señala que cuando el conductor o el vehículo no tuvieran habilitación para el transporte que están realizando -como los micros escolares cuando trasladan manifestantes o piqueteros- podrían recibir duras penas y hasta perder la licencia.

En su artículo 3, la norma se centra en los transportes "escolares y similares". Según detalla, cuando "un vehículo de transporte escolar" circulara con licencia vencida o caducada por cambio de datos, no respetara los límites de edades, fuera evidente la disminución de las condiciones psicofísicas del conductor, incurriera en exceso de velocidad, cruzara en rojo, o circulara por la metrovía o bicisenda, se "procederá a la suspensión del servicio, de la habilitación del conductor y/o del vehículo por un periodo de dos (2) hasta de seis (6) meses de acuerdo a la gravedad y a la reiteración de las faltas".
Lo mismo cuando participara en picadas, tuviera la licencia adulterada o estuviera inhabilitado, cruzara con barrera baja o prestara servicio de transporte de pasajeros sin habilitación, se dispondrá "la baja del conductor habilitado" y, en los casos en los que corresponda, "se podrá disponer la caducidad de la habilitación como transporte escolar".

Por otro lado, de acuerdo a la gravedad y a la reiteración de las faltas, se podrá disponer "la inhabilitación al titular del permiso para ejercer la actividad de transporte escolar", al igual que la inhabilitación del conductor por hasta cinco años.
Desde algunos sectores alertaron de que estos artículos buscan penalizar a los transportes escolares que suelen ser utilizados para trasladar manifestantes a las concentraciones, dado que habitualmente no cuentan con las habilitaciones correspondientes. En la actualidad, las sanciones son económicas (entre 150 y 1.500 Unidades Fijas, es decir, menos de 30 mil pesos en el peor de los casos).

Desde el despacho de la legisladora Cristina García aseguraron a Infobae que el proyecto no apunta a frenar los piquetes y las manifestaciones sino a retener las habilitaciones "cuando se presten servicios para los que no están habilitados".