El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, recibió ayer a los integrantes de la Comisión de Reforma del Código Penal y propuso agravar las penas por robo cuando se utilicen motos y aplicar prisión para quienes agredan a personal policial en manifestaciones.

Según consignó un comunicado difundido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, estas iniciativas fueron oficializadas durante un encuentro en el que participaron el titular de esta cartera, Germán Garavano, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, su par de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Ocampo, y el camarista Mariano Borinsky, titular de la Comisión que analiza la reforma del Código Penal.

Ante estos funcionarios, el jefe de Gobierno porteño sugirió incorporar como agravante la utilización de motos en los robos por considerar que se trata de un elemento “incrementa la capacidad ofensiva” del asaltante, ya que “puede utilizarse su fuerza para sorprender y arrebatar las pertenencias a las víctimas”.

“A esto se suma el hecho de que la utilización de los cascos reglamentarios impide el reconocimiento de los delincuentes; además de proporcionarles agilidad en la huida, muchas veces de contramano o utilizando las veredas”, sostuvo uno de los fundamentos de la propuestas que formuló el Ejecutivo porteño.

Rodríguez Larreta sumó una segunda propuesta que prevé la pena de prisión para quienes durante cualquier concentración de personas arrojen “elementos contundentes o inflamables que puedan provocar la muerte, o menoscabar la integridad física de otro individuo”.

La reunión de ayer se inscribió en el marco de la ronda de consultas iniciada por la Comisión con autoridades públicas, representantes de ONGs, y gobernadores y legisladores de las distintas provincias.

La Comisión también está integrada por el camarista Carlos Alberto Mahiques; la jueza Patricia Marcela Llerena; el procurador general de Salta Pablo López Viñals; el juez de tribunal oral Guillermo Jorge Yacobucci; los  secretarios letrados de la Procuración General de la Nación, Fernando Jorge Córdoba y  de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Susana Ziffer y la representante del Ministerio de Desarrollo Social, Yael Bendel.