Mensajes por Whatsapp, intimidaciones, fotos de la médica y datos privados de la niña que fue víctima de un abuso. Desde que esta semana, y siguiendo con lo establecido la legislación argentina, un equipo de profesionales de la salud llevó adelante un aborto de los denominados “no punibles” a una menor de 11 años en el Hospital Nicolás Avellaneda, de la localidad de San Miguel de Tucumán, el hostigamiento no se detiene.
Según le confirmaron a Infobae fuentes allegadas a ese centro de salud, la víctima de los reiterados escraches es la ginecóloga infanto-juvenil Fabiana Reina, quien desde su rol de miembro del Servicio de Ginecología del hospital, que tiene un área especializada para tratar casos de abusos infantiles, llevó adelante la semana pasada una interrupción legal del embarazo de una niña de 11 años, víctima de un abuso.
La menor acudió hasta el lugar acompañada por su madre, que dio su aval para llevar adelante el procedimiento médico.
Aunque no de manera formal, según explicaron a Infobae, el establecimiento se autodenomina como un lugar “objetor de conciencia institucional”. Pero algunos profesionales que trabajan allí no están de acuerdo con esa decisión que tomaron las autoridades del centro de salud.
En tanto, trascendió en las últimas horas que por su accionar la médica podría llegar a ser investigada por una fiscal, lo que ocasionó el repudio generalizado de distintas organizaciones sociales y profesionales.
“Ante los hechos ocurridos en una institución de salud pública de Tucumán, el Hospital Avellaneda, en torno a la realización de una ILE a una menor edad, respaldamos y brindamos todo nuestro apoyo a la Dra Fabiana Reina, lxs profesionales y directivxs sanitarios que garantizaron dicha práctica de forma segura, la cual se encuentra dentro del marco legal de aborto no punible por causales en nuestro código penal argentino desde el año 1921”, señaló en un comunicado difundido en las redes sociales la Red de Estudiantes de la Salud por el Derecho a Decidir (NOA).
En tanto, también salieron a avalar a la médica quienes integran el grupo Ni Una Menos Tucumán.
“Desde Ni Una Menos Tucumán respaldamos el accionar de la doctora Fabiana Reina y el equipo de salud que garantizó el acceso a una ILE a niña abusada y que un sector de médicos antiderechos intentó bloquear. No solo demuestran su menosprecio por la salud y derechos de las niñas y mujeres sino sus mecanismos de apriete y terror para imponer sus intereses”, sostuvieron.
“Repudiamos especialmente a la Fiscal Adriana Gianonni de la VIII Nominación que en absoluto desconocimiento del derecho, en vez de investigar el abuso sexual infantil, intenta someter a escrutinio judicial una prestación médica lícita, producto de una decisión legal tomada dentro de las opciones terapéuticas vigentes para la niña. Esta actitud judicial hostil hacia el equipo que garantizó a la niña el acceso a sus derechos se encuentra en franca violación de los derechos vigentes y de la expresa orden de no judicialización de estos casos que ha sentado la CSJN en fallo FAL”, agregó el comunicado.
Consultada por Infobae, la abogada tucumana Soledad Deza, que está asesorando jurídicamente a Fabiana Reina, aseguró que resulta “inadmisible que se someta a escrutinio a una profesional que hizo su trabajo como corresponde.”
En tanto, Deza, que también es miembro del grupo Católicas por el Derecho a Decidir, afirmó que los distintos movimientos de las últimas horas tendientes a revelar datos de la profesional que llevó adelante la interrupción del embarazo de la niña no hacen más que “denostar a los médicos” y exhibir “un gran desconocimiento” de la legislación vigente por parte de las autoridades.
Desde 1921, el Código Penal Argentino permite el aborto en dos supuestos: cuando está en peligro la vida o la salud de la mujer y cuando el embarazo es producto de una “violación o atentado al pudor contra una mujer idiota o demente”, de acuerdo al artículo 86 incisos 1 y 2 del Código Penal.
Además, en marzo de 2012, en el llamado caso “F. A.L”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló que toda mujer embarazada como resultado de una violación tiene derecho a acceder a un aborto no punible “sin importar su capacidad intelectual, sin requerirse autorización judicial previa para acceder a la práctica y sin que exista obligación de realizar la denuncia penal del delito sino que basta con completar una declaración jurada en la que la mujer víctima de una violación manifieste que el embarazo es producto de ese delito”.