Cristina Fernández de Kirchner se refirió a la causa de las fotocopias de los cuadernos del chofer Oscar Centeno y salió al cruce del empresario Gabriel Romero, líder del grupo Emepa, quien tras firmar un acuerdo para ser “imputado colaborador” declaró que pagó sobornos al gobierno anterior para que le extendiera por decreto presidencial la concesión del cobro de peajes de la Hidrovía del Río Paraná. La expresidenta detalló los antecedentes del caso que llevaron a la firma de ese decreto y precisó que con su rúbrica se limitó a ratificar lo actuado por distintos organismos estatales y que fue aprobado por el Congreso de la Nación a través de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional. CFK remarcó que sin esa aprobación legislativa “no hubiera habido decreto”.

La senadora abordó el tema de la causa que llevan adelante el juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli en un texto que tituló “Sobre pijamas, dormitorios y decretos en la Argentina macrista arrepentida”. Allí señaló que hay un “evidente manejo extorsivo de la figura del ‘arrepentido’”, que “es sencillamente escandaloso, pero cuenta con el beneplácito de las más altas esferas del Poder Judicial, de los medios hegemónicos de comunicación y de este gobierno que ha provocado que nuestro país se esté cayendo a pedazos en medio de una verdadera catástrofe económica y social”.

Cristina Kirchner explicó que era para ella “obligatorio firmar” el decreto y advirtió que la declaración de Romero se produjo en el marco de “un verdadero menú de `arrepentidos’ a la carta”. “En todo caso, sería muy interesante que el Sr. Romero indicara a quién y cómo le pagó, porque a mí nunca nadie me pagó nada por firmar ni este ni ningún otro decreto, ni por llevar adelante ninguna de las medidas de mis gobiernos”.

La expresidenta volvió a manifestar que las causas en su contra son producto de una persecución política, tal como señaló en el escrito que entregó en Comodoro Py el lunes pasado cuando fue su indagatoria. “Los problemas judiciales que tengo son por haber afectado intereses económicos concentrados y hegemónicos muy poderosos que siempre trataron de obstruir las medidas que llevé adelante en beneficio de las grandes mayorías populares, de la actividad económica en general y del desendeudamiento estructural de la Nación”, remarcó.