Con el objetivo de no fogonear el debate sobre el aborto durante la campaña, y la pretensión de ubicarse en una posición intermedia aunque habrá cuestionamientos principalmente de los sectores a favor de la legalización, el Gobierno decidió que no avanzará con la despenalización en el nuevo Código Penal. El texto que llegará al Congreso dispondrá prisión de uno a tres años para la mujer, con el agregado de que el juez podrá eximirla de la condena. Las tensiones en Cambiemos habían postergado la presentación de proyecto y ahora la Casa Rosada prevé enviarlo en marzo, con una redacción que buscará evitar divisiones internas y fuga de votos en el año electoral.

Integrantes del Gabinete agregaron como motivo la intención del Gobierno de no centrar la discusión del Código Penal en el debate por la interrupción voluntaria del embarazo sino en los capítulos vinculados a la seguridad y el narcotráfico, el eje que eligió priorizar en esta etapa. “No queremos que sea lo principal. Ya se discutió y ahora la composición del Congreso es la misma que lo rechazó el año pasado”, dijo un ministro a Clarín. De paso, evitan abrir un nuevo frente de conflicto con la Iglesia.

La problemática volvió a quedar expuesta esta semana en Jujuy, con un aborto obstaculizado a una nena de 12 años que había sido violada, a la que se le practicó una cesárea -la beba luego murió-, sin respeto de la intimidad y con escraches en la puerta de la clínica.

Entre las alternativas que evaluaba el Gobierno quedaron desechadas opciones en la dirección de la llamada “ola verde” que advirtió la Casa Rosada en el invierno pasado y que en un momento intentó capitalizar. Luego de que el Senado rechazara la legalización estudió mantener la discusión en la agenda con la eliminación de la pena para las mujeres en el texto que enviaría semanas después al Congreso y luego fue postergado.

Germán Gavarano, el ministro de Justicia que trabajó el proyecto con una comisión encabezada por el camarista Mariano Borinsky, era uno de los que empujaba esa vía. A favor de la legalización también se habían expresado Patricia Bullrich, Adolfo Rubinstein y Lino Barañao, entre otros, y en contra Gabriela Michetti, Marcos Peña, María Eugenia Vidal, Carolina Stanley y Rogelio Frigerio. En el Congreso la división generó iras y resquemores, el más resonante de Elisa Carrió que amenazó en pleno recinto con “romper” Cambiemos. La postura “de máxima” de los impulsores oficialistas de la IVE para el Código Penal era quitar la pena también a los médicos. 

Mauricio Macri arrancó con la “defensa de las dos vidas” en un discurso público y luego aseguró que “el tema central es el derecho de las mujeres a decidir”, en privado para no interferir en la “libertad de acción” que había dado a los legisladores. Ante el rechazo del Senado algunos funcionarios lo evaluaron como una oportunidad perdida: Macri había habilitado el debate, pero no hubo ley que hubiera sido histórica.

En el Código Penal el artículo 88 del proyecto que llegará al Congreso impondrá prisión de uno a tres años a la mujer que aborte y el juez podrá decidir la eximición de la pena o que quede en suspenso “teniendo en cuenta los motivos que impulsaron a la mujer a cometer el hecho, su actitud posterior, la naturaleza del hecho y las demás circunstancias que demuestren la inconveniencia de aplicar pena privativa de la libertad”. El texto mantendrá no punible el aborto cuando hay riesgo para la vida o la salud de la mujer y en embarazos producto de un abuso sexual -incorporará la jurisprudencia de la Corte Suprema, caso F.A.L.-, y establecerá que los médicos que lo practiquen en esos casos no serán penados.

“Estaba muy sensible el tema y la decisión es mantener la redacción que elaboró la comisión. Como con todos los temas la discusión queda abierta en el Congreso, el Gobierno no manda el proyecto a libro cerrado”, dijo a Clarín un alto funcionario, que para graficar la tensión remitió a la postergación del envío -casi un año- por las heridas que había generado y porque allí iba a concentrarse la disputa de una reforma con volumen -el Código Penal pasará de 320 artículos a 540- y que abarcará cuestiones vinculadas a la inseguridad, narcotráfico, corrupción, responsabilidad penal empresaria, violencia de género, delitos de lesa humanidad, ambientales e informáticos, entre otros puntos.

Aun así legisladores de Cambiemos que votaron la despenalización advirtieron que en Diputados habrá revuelo y que en esa Cámara difícilmente avance ese artículo sobre el aborto. Algunos fueron más allá y pusieron en duda el tratamiento del Código en general por el año electoral, pese a que el Gobierno ahora prepara el envío del proyecto para marzo.

“Es mantener el status quo con un avance mínimo que es la nada misma. Para dar una señal clara hay que despenalizar a la mujer. Los jueces porteños pueden aplicar la eximición, pero en las provincias es muy difícil”, criticó en privado la redacción un referente a favor de la legalización, que lo adjudicó a “una cuestión estratégica” a dos bandas: al interior de Cambiemos y a la campaña en marcha: “Es la opción para no hacer ruido, no restar electoralmente en las provincias ni provocar divisiones en los bloques. Necesitamos tener a todos juntos, no nos sobra nada en ningún lado”.

Del lado de los contrarios a la despenalización objetaron la posibilidad de eximición de la pena a la mujer por parte del juez y consideraron positivo no promover un nuevo debate. En cuanto a la influencia en las elecciones sería mayor en las provincias del norte, aunque uno de los legisladores que buscará ser gobernador le restó relevancia: “En las recorridas nos preguntan por el tema y hay molestia con Macri, pero ese sector se queda en Cambiemos porque no tiene otra opción. Igual no es momento para volver a ponerlo en agenda”.