La alegría que la Sala IV de la Cámara de Casación Penal le dio días antes de Año Nuevo a Aída Ayala al anular la resolución que disponía su prisión preventiva resultó efímera: la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia ratificó esa medida en función de la gravedad de los hechos que se le imputan a la diputada de Cambiemos (foto) y la necesidad de asegurar su comparecencia ante la Justicia. Ayala se encuentra procesada por presuntos negociados durante su gestión como intendente de la ciudad de Resistencia.
La prisión preventiva de Ayala fue ratificada por los jueces Rocío Alcalá, Eduardo Belforte, Patricia García y María Delfina Denogens. Los camaristas convalidaron así la decisión que en su momento había tomado la Cámara Federal de Resistencia y que en la última semana de 2018 fue revocada en Casación.
Si bien los jueces de la Sala IV del máximo tribunal penal del país Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani habían confirmado el procesamiento de la diputada de Cambiemos, anularon la resolución que disponía su prisión preventiva por considerarla arbitraria. A favor de Ayala argumentaron que los magistrados de la Cámara Federal de Resistencia no habían fundamentado los peligros procesales de fuga o entorpecimiento del accionar de la Justicia y les ordenaron que dictaran un nuevo fallo.
En su nueva resolución, informó Página 12, los camaristas del tribunal chaqueño exponen las razones por las cuales la diputada radical debe permanecer en prisión. “Si bien es cierto que Ayala cuenta con arraigo personal y familiar –lo que podría neutralizar su no sometimiento a la autoridad del tribunal- los elementos reseñados supra (gravedad y trascendencia económica y social de los hechos investigados, grado de probabilidad de su participación en los mismos, actuación organizada, pena en expectativa, entre otros), sumado a la necesidad de asegurar su comparecencia y evitar injerencias en la obstrucción de la tramitación del juicio (habida cuenta de sus vínculos y conexiones y la capacidad económica y operativa acreditada) tornan desaconsejable, por el momento, revertir el dictado de prisión preventiva en esta etapa del proceso. Por lo que procede rechazar la apelación intentada”, señalaron los jueces.
Ayala es investigada por la contratación con sobreprecios de la empresa de recolección de residuos Pimp SA, la firma encargada de los servicios de limpieza de Resistencia entre 2011 y 2015.
La diputada radical no es la única procesada en la causa instruida por la jueza federal Zunilda Niremperger. La magistrada también procesó y pidió la prisión preventiva del secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Jacinto Sampayo, y los empresarios Carlos Huidobro, Pedro Alberto Martínez, Alejandro Fischer, ex yerno de Ayala. Los empresarios fueron procesados bajo los cargos de enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública, en calidad de coautores, y lavado de activos, agravado por ser miembros de una banda.