El rol de Nicolás Dujovne quedó en la mira de los investigadores en la causa por las escandalosas concesiones de los peajes. Es porque se contrató a un consultor privado para que evaluara si los nuevos contratos de la Panamericana y el Acceso Oeste eran beneficiosos o no para el Estado, tarea que le correspondía al Ministerio de Hacienda.

Si bien el expediente se encuentra aún en etapa preliminar, la numerosa documentación acumulada ya está siendo analizada en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral, que decidió profundizar la investigación la semana pasada. 

En su momento, Hacienda, entonces a cargo de Dujovne, no firmó el dictamen necesario que avalara los requisitos de los futuros contratos, tal como indica la ley. En su lugar, Vialidad Nacional -bajo la dirección de Javier Iguacel- contrató a un consultor externo, quien elaboró un informe sobre la conveniencia o no para el Estado de las nuevas condiciones de concesión. Es decir, se delegó a un privado la tarea de velar por los intereses del Estado, rol que le correspondía en ese caso a la cartera que comandaba Dujovne. Por eso, la última medida de prueba ordenada por Canicoba Corral fue el pedido de información a Vialidad para determinar por qué se contrató a un privado para ese trabajo y cuáles fueron los honorarios que recibió.

Fraude al Estado, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. Estos son, hasta el momento, los delitos que investiga el juez de instrucción número 6. Sin imputados aún, un discreto dictamen del fiscal de excelentes lazos con Mauricio Macri, Carlos Stornelli, abrió la pesquisa al comenzar la feria judicial de invierno, en base a una denuncia de los diputados Rodolfo Tailhade, Leopodo Moreau, Adrián Grana y Carlos Castagneto.

Lejos todavía de algún llamado a indagatoria, el juzgado aguarda la llegada de información solicitada a diversas entidades. Por el momento, las expectativas de que haya celeridad y predisposición para responder a los requerimientos del magistrado no son las mejores. Los organismos que deben colaborar son Vialidad Nacional, la Oficina Anticorrupción de Laura Alonso, el CIADI -con sede en Washington- y la Procuración del Tesoro, a cargo del ex abogado de la familia Macri, Bernardo Saravia Frías. 
Lo que sí ya llegó al tercer piso de Comodoro Py es la información solicitada a la Inspección General de Justicia sobre Natal Inversiones SA, la empresa que adquirió las acciones que Socma -la empresa del presidente- tenía en Ausol. En concreto ya están en análisis los registros societarios de la firma y la composición accionaria, y no se descarta que se ordene un peritaje contable, para determinar las condiciones en que se efectuó la venta de los papeles de la empresa de Macri, cuyo valor se disparó un 400% tras los aumentos de las tarifas y la prórroga del contrato en cuestión. Además, fue solicitada a la Comisión Nacional de Valores la evolución de las acciones en la bolsa tanto de Ausol (Panamericana) como de GCO (Acceso Oeste). “Ahí vamos a hacer un trabajo fino”, adelantó a Página/12 una fuente de la pesquisa.

Respecto de la documentación solicitada al CIADI, el pedido fue realizado por dos vías diferentes: por un lado se envió un exhorto a través del Ministerio de Justicia, encabezado por Germán Garavano al Poder Judicial estadounidense y, por otro, se reclamó a través de Cancillería argentina. Por el momento, desde la cartera de Garavano advirtieron el pasado 10 de septiembre que no es habitual que dicho tribunal internacional responda a pedidos de información de ese tipo. El mensaje tampoco dio cuenta de una voluntad explícita de colaboración por parte del ministerio argentino.

Impulso

La causa que involucra al propio Mauricio Macri, al actual ministro de Transporte Guillermo Dietrich y al ex titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, tuvo un fuerte impulso tres días antes de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, con la declaración testimonial de la ex titular de Juríridicos de Vialidad, Julieta Ripoli, quien podría ampliar su declaración y aportar más documentación próximamente. Bajo juramento y durante más de ocho horas detalló las maniobras del Poder Ejecutivo para extender los contratos de ambos accesos a la Ciudad de Buenos Aires, sin llamado a licitación, y el reconocimiento a la empresa Ausol S.A. de 500 millones de dólares, a cambio de que desistiera de una denuncia millonaria contra la Argentina ante el CIADI. Una suma que la administración pública reconoció en calidad de inversiones no amortizadas, sin siquiera intentar negociar o litigar para conseguir un fallo favorable.