El fiscal federal Jorge Di Lello imputó al presidente Mauricio Macri y a cuatro funcionarios de su gobierno por presunta “traición a la Patria” por acuerdos firmados con el Reino Unido en 2016 y pidió que se suspenda el primer vuelo que el 20 de noviembre unirá San Pablo con las Islas Malvinas, con escala en Córdoba.

Así se desprende de un dictamen del fiscal enviado este jueves al Juzgado Criminal y Correccional Federal Número 9, a cargo de Luis Rodríguez, quien entiende en la causa caratulada “Macri, Mauricio y otros sobre/traición”.

El proceso de investigación se abrió contra Macri; el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui; el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren; el canciller, Jorge Faurie; y todo aquel funcionario y persona que surja involucrado.

La imputación contra el Presidente y funcionarios se inició tras una denuncia presentada por la abogada Valeria Laura Carreras, quien ya había presentado acciones judiciales contra el Gobierno en otras causas como el traspaso de datos de la ANSeS al Poder Ejecutivo en 2016.

La causa que tramita el juez federal Rodríguez es por supuestas “irregularidades advertidas en el manejo de la relación bilateral Argentina-Reino Unido por parte del Gobierno en la gestión 2015-2019”.

La denunciante se presentó ante Di Lello solicitando una medida cautelar relacionada al “daño inminente” a los intereses de la Nación que se producirían en caso de materializarse el primer vuelo de LATAM a Malvinas autorizado por el decreto 602/19, previsto para el 20 de este mes, con partida desde San Pablo, con escala en Córdoba. 

Di Lello le escribió al juez Rodríguez que evalúe ordenar la suspensión del primer vuelo de la compañía LATAM a las Islas Malvinas, “ya que el peligro en la demora provocaría consecuencias irreversibles respecto a derechos adquiridos en el ordenamiento jurídico internacional”.

El fiscal pidió que el vuelo se suspenda hasta que se establezca de modo jurídicamente razonable las facultades ejercidas mediante el decreto aludido.

Di Lello dijo entender que el Poder Ejecutivo no puede seguir avanzando en la ejecución de acuerdos con el Reino Unido de Gran Bretaña que no cuenten con la aprobación del Congreso y los que ya efectuara deberán ser sujeto a investigación.

El acuerdo fue firmado por el vicecanciller argentino, Carlos Foradori, y ministro de Estado para Europa y las Américas del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Alan Duncan.

La fiscalía solicitó que se cite a declaración testimonial al diputado Nacional Martén Pérez, de Tierra del Fuego, para que manifieste todo lo que conociera del acuerdo Foradori-Duncan. Y a los diputados Daniel Filmus y Guillermo Carmona.

También Di Lello pidió que se cite a las diputadas Elisa Carrió y Cornelia Schmidt Liermann, dado que entre 2016 y la actualidad presidieron la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara baja.

Y por último se pedirá a la secretaria de Gobierno de Energía remita toda la documentación relacionada con adjudicación por el medio que fuere de recursos naturales en el área del Atlántico Sud, en especial de la licitación de Costa Afuera.