Los jubilados que ganan hasta $19.068 pesos recibirán, este mes y el que viene, dos bonos de hasta 5000 pesos cada uno. Además, los titulares de AUH recibirán un bono de 2000 pesos este mes.

Pero el plan para poner dinero rápido en los bolsillos de quienes menos ganan tiene una contracara: el Gobierno pidió al congreso suspender por seis meses la ley de movilidad de jubilaciones, asignaciones familiares y AUH. A cambio, propuso otorgar aumentos trimestrales por decreto, a consideración del Poder Ejecutivo. Y discutir una nueva fórmula de actualización para que rija desde mitad de año.

La suspensión de los índices de movilidad regirá por 180 días "a los fines de atender en forma prioritaria y en el corto plazo a los sectores de más bajos ingresos", si se aprueba la ley de Solidaridad y Recuperación Productiva que presentó este martes el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Durante ese plazo, el Gobierno "deberá fijar trimestralmente el incremento de los haberes previsionales de la totalidad de los regímenes bajo su administración, atendiendo prioritariamente a los sectores de más bajos ingresos".

Además de los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), entran en la normativa regímenes especiales, como los de docentes e investigadores. Por eso, la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) manifestó su "preocupación", en un comunicado.

Según fuentes oficiales, el Gobierno busca achatar las escalas de las jubilaciones. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, expuso esta tarde en el Congreso y defendió la iniciativa.

Moroni dijo que, en los próximos meses, se darán aumentos superiores a los haberes más bajos (es decir, a la mitad de los jubilados que cobran cada mes de la Anses), intentará mantener el poder adquisitivo de los jubilados con ingresos medios y pedirá al 20% de personas con las jubilaciones más altas que "haga un esfuerzo" por los seis meses que dure la emergencia.

Según un reporte de Anses, la diferencia entre la jubilación más baja y la más alta en la Argentina es de las más altas del mundo en los regímenes solidarios. Quien más gana supera en más de siete veces el haber mínimo. En Brasil, esa diferencia es menor a las seis veces. En España, apenas superior a las 3 veces. Desde diciembre, la jubilación mínima es de 14.068 pesos y la máxima, de 103.064 mensuales.

Los datos oficiales arrojan que, de 5,7 millones de jubilados que cobran cada mes de la Anses, más de la mitad gana la mínima o menos (por ejemplo, por estar inscripto en alguna moratoria por la cual se le retiene parte del haber). Son 2,8 millones de adultos mayores.

Otro universo de 947.000 ganan entre uno y dos haberes mínimos. Y otros 557.500 ganan hasta 28.000 pesos, o dos mínimas. Hay un universo de 1,4 millones de adultos que ganan más de dos jubilaciones mínimas.

Pero al discriminar por poder adquisitivo, los jubilados de las dos categorías más altas de la pirámide (es decir, el 20% que más ganan) reciben haberes de $40.520 o más. Sobre ellos recaería el "esfuerzo" que pidió Moroni. Sin embargo, los especialistas plantean que hay derechos adquiridos en juego y que, si no se respetan los preceptos de la actualización de haberes de la ley de movilidad, habrá nuevos juicios contra el Estado.

El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, advirtió en diálogo con TN.com.ar: "Los índices del primer semestre del año que viene ya prácticamente están consolidados por la ley vigente. El 11,57% previsto para marzo ya está devengado y el de diciembre va a estar consolidándose el 31 de este mes. Para junio, el aumento sería de alrededor del 15%".

Como la ley funciona con seis meses de rezago, los haberes de marzo deberían actualizarse en función a la inflación (70%) y los salarios (30%) del tercer trimestre de 2018 (ese 11,57% ya estipulado) y los de junio deberían subir de acuerdo a la inflación y los salarios del último trimestre de este año (ese 15% aproximado).

"El Ejecutivo no puede plantear reajustes menores a los índices que ya están en el acervo de derechos de los jubilados, porque se plantearía un escenario similar a lo que sucedió en 2017, con el factor empalme", dijo Semino.

El especialista recordó lo que ocurrió con el cambio de fórmula para ajustar jubilaciones y asignaciones de diciembre de 2017. En ese entonces, la administración Cambiemos envió al Congreso un proyecto para reemplazar el índice que actualizaba por recaudación y salarios en partes iguales por este mix entre inflación y remuneraciones. Pero también cambió el plazo de los ajustes, que pasaron de ser semestrales a trimestrales.

En el medio, hubo un trimestre sin aumentos por el que los jubilados perdieron unos seis puntos de haber. Eso provocó juicios. El jubilado Fernández Pastor tiene un fallo con sentencia favorable en primera y segunda instancia que espera su resolución en la Corte Suprema, con un dictamen favorable del procurador Víctor Abramovich.

“La aplicación de la nueva fórmula produjo una reducción del porcentual del reajuste de marzo de 2018 respecto del que hubiera arrojado la aplicación de la antigua fórmula”, indicó Abramovich en su dictamen. “La ley 27.426 no pudo regular válidamente el período de actualización ya abarcado por la ley 26.417 (la anterior movilidad), en función del principio constitucional de irretroactividad de las reglas de movilidad previsional y de la teoría de los derechos adquiridos en esta materia", agregó el procurador. La historia podría ahora repetirse si el Gobierno no convalida el índice previsto para ajustar los haberes de marzo.

Eso es lo que advirtió Semino: "El achatamiento de la pirámide ya pasó, entre 2004 y 2008, y terminó en el caso Badaro. Se congelaron los haberes de más de 1000 pesos y se fueron subiendo las mínimas, se rompió la proporcionalidad".