La pobreza alcanzó al 40,8% de la población en el tercer trimestre del año y la indigencia afectó al 9% del país, según calculó un informe de la Universidad Católica Argentina (UCA). De esta manera, 16 millones de personas son consideradas pobres. En los últimos dos años el salto en ese índice fue de 12,6 puntos porcentuales y afectó especialmente a los chicos y chicas de hasta 17 años.

De acuerdo al Observatorio de la Deuda Social de esa casa de estudios, la cantidad de pobres e indigentes en la Argentina está en su nivel más alto de la década. "Los resultados obtenidos dan cuenta de una brusca reversión de la recuperación observada en las condiciones económicas de los hogares durante el año 2017. Las reiteradas devaluaciones, el aumento de la inflación, el estancamiento, el aumento del desempleo y las medidas de ajuste acordadas con el FMI explican el deterioro", aseguró el reporte de la UCA.

Al observar los últimos cuatro años de mandato de Mauricio Macri, las estadísticas desarrolladas por el equipo de la Universidad Católica mostraron que el aumento en el índice de pobreza fue de 10,8 puntos (30% en 2015 y 40,8% en 2019), mientras que la indigencia prácticamente se duplicó: pasó de 4,5% a 8,9%.

La UCA consideró que a pesar de los ciclos de crecimiento económico -luego interrumpidos por recesiones- y el incremento sostenido del gasto social que hace el Estado, la pobreza no logra quebrar un núcleo duro y continúa en aumento. "Tanto la desigualdad persistente como la pobreza estructural son resultado de un modelo económico-productivo desequilibrado con efectos de exclusión, marginalidad y desigualdad a nivel socio-cultural, socio-demográficos y socio-ocupacionales", publicó ese centro de estudios.

Y continuó, al respecto: "Aunque se expanda la economía vinculada al sector externo (condición necesaria para el crecimiento), no ocurren 'derrames' hacia los sectores menos dinámicos si no hay políticas activas redistributivas y de desarrollo productivo local-regional hacia el sector informal y el mercado interno".

La Universidad Católica hizo además un balance de la década 2010-2019 sobre pobreza e indigencia. "Durante el período 2010-2019, los indicadores sociales muestran la persistencia de altos niveles de pobreza y desigualdades estructurales, de carácter tanto económico-ocupacional como socio-regional. Las relativas mejoras materiales y la ampliación de las políticas de protección social durante el último período no han sido suficientes para revertir los niveles de pobreza estructural", afirmaron.

El último número oficial del Indec marcó que hasta el primer semestre de 2019 la pobreza alcanzaba al 35,4% de la población, lo que significaría unos 16,1 millones, la misma cantidad que proyectó la UCA a pesar de que el porcentaje es mayor (40,8%). Esto se debe a que el total de habitantes considerados en el país por la Universidad es de 40 millones, un muestreo menor al oficial del organismo estadístico.

El 60% de los chicos y adolescentes es pobre

Según la UCA, al analizar los índices de pobreza e indigencia por grupo etario, se observa que los más jóvenes son los más golpeados por el deterioro social. "La indigencia afecta con más intensidad a niños y adolescentes: mientras que a nivel general la indigencia alcanza al 8,9% de la población, en el grupo de niños y adolescentes de 0 a 17 años dicha tasa asciende al 14,8%". Así, 15 de cada 100 chicos no llega a cubrir la canasta alimentaria.

En la pobreza la situación es similar y revela la gravedad de la situación. "La pobreza también afecta más fuertemente a los niños y adolescentes de 0-17 años y a los jóvenes de 18 a 29 años, y en menor medida a la población de 60 años y más", apuntó. La estimación de la UCA es que "durante el tercer trimestre de 2019, el 59,5% de los niños/as y adolescentes" son pobres.

De esta manera, la pobreza afectaría así a unos 7 millones de chicos y adolescentes, mientras que de ese total, 1,5 millones viven en situación de indigencia, con ingresos familiares menores a los $13.000 por mes.

La Universidad Católica mide la pobreza no solo desde un criterio económico sino también desde un punto de vista multidimensional. En ese sentido, analiza cuál es el acceso de las familias a cuestiones como alimentación y salud, servicios básicos, vivienda digna, medio ambiente, accesos educativos y empleo y seguridad social.

En 2019, la dimensión de acceso a alimentación y salud experimentó un relevante incremento. La evolución se explica principalmente por el aumento de la inseguridad alimentaria severa, el acceso a atención médica y el acceso a medicamentos. "En el contexto de un proceso de fuerte deterioro de los ingresos de los hogares, casi un tercio de la población (32%) reside en 2019 en hogares que presentaron privaciones en esta dimensión de derechos", analizó la UCA.

"Otra dimensión que también experimentó una tendencia desfavorable fue el acceso al empleo y la seguridad social, en los últimos años se registra una evolución negativa sostenida en este sentido. En 2019 el 30% de los hogares no registró ningún ingreso por empleo registrado o por jubilaciones o pensiones contributivas", finalizó el informe.

Empleo Mínimo, la propuesta de la UCA que analiza Alberto Fernández

El director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, Agustín Salvia, comentó este jueves ante un grupo de periodistas que mantuvo en los últimos días una reunión con el presidente electo Alberto Fernández en que le presentó una propuesta elaborada por ese centro de estudios para ayudar a reducir la pobreza en los próximos años.

El proyecto se denomina Empleo Mínimo y consta en la "formalización" de trabajos que actualmente pertencen al ámbito informal y en el que están involucrados los sectores más pobres de la sociedad, como por ejemplo, el cuidado de personas, recuperación ambiental y recreación social y que puedan incluir a esos trabajadores en el sistema de seguridad social.

Se trata de un "programa de empleo mínimo social garantizado con salario mínimo y afiliación a la seguridad social para el desarrollo de tareas reconstrucción comunitaria, recuperación ambiental, servicios de cuidado y recreación social para poblaciones de riesgo". Según afirmó Salvia, el plan debería estar a cargo de ONGs, organizaciones sociales y vecinales y ser evaluado por organismos externos y bajo coordinación y supervisión municipal.

La UCA incluso realizó una estimación sobre cuántos fondos necesitaría un programa de estas características, que según aseguró el sociólogo, podría reducir la pobreza hasta el 16% en cinco años. "Al quinto año la inversión requerida debería ser del 2,9% del PBI y las fuentes de financiamiento podrían ser desde préstamos de organismos internacionales hasta bonos sociales", concluyó Salvia.

Fuente: TN.