res de cada diez fiscales son mujeres, reveló una investigación de la Procuración General de la Nación que dejó en evidencia la brecha de género que todavía persiste en el poder judicial.

Desde el 2000, los fiscales se eligen por concurso público y este analizó el impacto que tuvo este cambio. El resultado es que hasta el final de 2016, la proporción femenina de fiscales “no ha mejorado significativamente en comparación con el anterior mecanismo de designación”.

El informe se titula “El impacto del género en el proceso de selección de fiscales” y detalló que, en esos 16 años, de un total de 187 nombramientos el 27% fueron mujeres (51 casos) mientras que el 73%, varones (136).

“Creemos que hay dos desafíos que se nos presentan de acá en adelante”, señaló Romina Pzellinsky, la titular de la Dirección General de Políticas de Género (DGPG) durante la presentación del informe y profundizó: “Por un lado, el desarrollo de políticas públicas que busquen o tiendan a una mayor corresponsabilidad en las tareas de cuidado y, por otro, trabajar en la modificación de los reglamentos para incentivar y garantizar una mayor presencia de mujeres en las ternas”.

La selección de un fiscal consta de tres instancias: una dimensión meritocrática -en el ámbito del Ministerio Público- a través de una competencia abierta que pondera los méritos profesionales, 

académicos y el desempeño en uno o más exámenes, para culminar en la conformación de una terna integrada por aquellos postulantes que obtuvieron mejores puntajes. En una segunda etapa, ya en la dimensión política del proceso, la terna pasa al Poder Ejecutivo, que debe nominar a uno de sus tres finalistas. Por último, el pliego con la nominación del candidato elegido se remite al Senado de la Nación que acuerda o rechaza la propuesta con el voto de la mayoría simple.

Según el informe, las mujeres integran el 59% de las ternas, “proporción que se reduce drásticamente a más de la mitad (27%) luego de que el Poder Ejecutivo opta por nominar a uno de los tres postulantes y el Senado da su acuerdo”.

Por otro lado, el trabajo halló que si se considera la jerarquía, se observa que la brecha de géneroaumenta a medida que uno sube en el escalafón. Según los datos, en las posiciones de menor jerarquía (primera instancia) las mujeres ocupan el 33% de los lugares, mientras que en los más altos puestos (segunda y tercera instancia) su presencia se reduce considerablemente al 20%.

Según advierte el estudio, “los espacios de poder devienen más posibles para los varones, el grupo históricamente consolidado en los puestos de toma de decisiones de la estructura judicial”.

Tampoco varió sustancialmente el porcentaje de mujeres inscriptas en los concursos, con un promedio de participación del 26%. Además, la edad promedio de las mujeres es mayor y es más probable que no tengan hijos al momento de las inscripciones con respecto a los varones en igual condición. Esta realidad puede deberse a “ciertas restricciones institucionales” y “a factores de índole estructural vinculados, por ejemplo, a que las tareas de cuidado siguen recayendo principalmente sobre las mujeres”.