La Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social dio lugar a un recurso de amparo presentado por la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) y declaró la inconstitucionalidad de la resolución N° 268/2018, que habilitaba el recorte de las pensiones no contributivas por invalidez, y de algunos artículos del decreto Nº 432/1997, que prevén causales de suspensión y caducidad de este beneficio. Ahora, el estado estará obligado a pagar todas las pensiones que fueron suspendidas desde 2016.

El fallo dio lugar a un recurso de amparo presentado por REDI y otras organizaciones contra el Ministerio de Desarrollo Social, que el año pasado suspendió miles de pensiones sin previo aviso y luego dijo que se trataba de un error. Sin embargo, en 2018, cuando a través de una sentencia la justicia ordenó restituir los beneficios, el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Carolina Stanley apeló el fallo.

En septiembre del año pasado, la Agencia Nacional de Discapacidad publicó en el Boletín Oficial la resolución N° 268/2018, que establecía un procedimiento administrativo mediante el cual los titulares de las pensiones debían acreditar que no cumplían con las incompatibilidades previstas en el Decreto Nº 432/1997 que detalla causales de suspensión y caducidad de este beneficio.

Según la resolución que fue declarada inconstitucional, los titulares de estas pensiones intimados en razón de “irregularidades detectadas” debían comunicarse telefónicamente para combinar un turno en la dependencia de ANSeS más cercana a su domicilio, actualizar sus datos personales y presentar su descargo. Para ello, el organismo solo estipulaba un plazo de 10 días.

El fallo de la Cámara Federal de Seguridad Social también declaró la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 1° incisos “f”, “g” y artículo 5°, inciso “a”, primer párrafo, del Decreto N° 432/97 porque van en contra de la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El Estado, además, deberá restablecer las pensiones suspendidas o dadas de baja desde 2016. Esto representa otro logro para la entidad, ya que la sentencia definitiva de primera instancia ordenaba restablecer pensiones desde 2017.