Luego de haber reconocido que su bloque había mantenido una reunión con el falso abogado Marcelo D’Alessio, quien aparentemente dirigía una red de espionaje ilegal, que involucraba a legisladores y funcionarios de los tres poderes del Estado, la Coalición Cívica, que encabeza la diputada Elisa Carrió, propuso “eliminar la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)”, en un nuevo intento de salvar la ropa de los imputados y eventuales cómplices de la red de espionaje que investiga el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla, en el marco de cuya causa hoy declarará el fiscal Carlos Stornelli.

Según consignó Página 12, para disimular el impacto político que provocaron las revelaciones de Ramos Padilla en el Congreso, ámbito en el cual difundió los mensajes del falso abogado a la diputada oficialista Paula Oliveto, los legisladores del bloque CC-ARI citaron una iniciativa que presentaron en 2016, en la que proponían una “reforma estructural” del sistema de inteligencia.

Aquella iniciativa proponía derogar la ley que había creado la AFI (ex SIDE) y reemplazarla “por un nuevo sistema nacional de investigación (...) capaz de combatir el crimen organizado del que forman y formaron parte también agentes de inteligencia de todo tipo”.

El texto de la CC-ARI no solo celebra a Carrió por aquel proyecto sino que la presenta como una víctima y subraya que ella misma y “dirigentes de su partido han sido víctimas de distintas operaciones de inteligencia y amenazas que no han cesado”. La declaración asegura que “la única medida eficaz para combatir el espionaje ilegal en Argentina es eliminar la AFI” y reemplazarla por una institución “que solo coordine a las fuerzas de seguridad en la prevención y el combate del crimen organizado y el terrorismo”.

Sin ninguna alusión a la red investigada por Ramos Padilla, la declaración menciona las “operaciones sufridas” por Carrió durante el trabajo de la comisión de lavado de dinero que presidió en 2001, que ella misma rompió al hacer públicas las conclusiones antes de la firma del informe y la acusación contra su aliado Enrique Olivera, a quien en plena campaña electoral, en 2005, una denuncia anónima le atribuyó una falsa cuenta en Suiza.

Para la CC los dos casos “son una muestra de tantas otras situaciones que toleramos en silencio pero que nunca vamos a naturalizar”.