En el contexto del 8M y el Paro Internacional de Mujeres, un senador nacional presentó un nuevo proyecto sobre aborto legal. Alfredo Luenzo, del interbloque Argentina Federal, propuso una iniciativa con el mismo espíritu que la media sanción conseguida en la Cámara de Diputados en 2018.

“No dejemos que la especulación electoral produzca trabas. Que se amplíen los consensos y que se apruebe”, pidió Luenzo, de la bancada que preside Miguel Pichetto, al presentar el proyecto, que garantiza el derecho de las mujeres o personas gestantes a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

El texto establece que “en ningún caso” será punible el aborto practicado con consentimiento hasta la semana 12, inclusive, del proceso gestacional. El proyecto aprobado en Diputados fijaba como límite las 14 semanas, y en el Senado se llegó a evaluar la posibilidad de bajarlo, pero la intención -motorizada por los representantes cordobeses- no prosperó, detalla Parlamentario.

El senador exhortó a “todos los legisladores” a “asumir un fuerte compromiso” con el objetivo de que “tengamos una ley este mismo año”. “Si todo sigue igual, si no avanzamos en una ley, estaremos condenando a que haya más muertes producto de las prácticas que se realizan en la clandestinidad”, insistió.

El proyecto del senador chubutense establece que después de la semana 12, se garantiza el derecho a la IVE si el embarazo es producto de una violación -con el solo requerimiento y la declaración jurada de la mujer o persona gestante ante el profesional de la salud interviniente-; si estuviera en peligro la vida o la salud de la mujer; si este peligro no puede ser evitado por otros medios; o si se diagnosticara la inviabilidad de vida extrauterina del feto.

El aborto formará parte de las prestaciones incluidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO), como así también las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo.

También se fija la obligatoriedad de los establecimientos de salud a dar cumplimiento al requerimiento de la IVE; y se exige la creación de un registro de profesionales objetores que debe ser informado a la autoridad de salud de la jurisdicción.

Fuente: La Gaceta (Salta).