El juicio oral y público a la expresidenta Cristina Kirchner, por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz durante sus dos mandatos, comenzará hoy en los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro.
El inicio del juicio, donde junto a la precandidata a vicepresidenta hay otros doce acusados, quedó confirmado ayer al mediodía por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, que rechazó dos planteos formulados por la defensa del detenido empresario Lázaro Báez, que tenían por objeto desplazar a dos jueces de ese cuerpo y aplazar el comienzo del debate. 

El primer juicio a la exmandataria se iniciará a las 12 con la lectura de las acusaciones en la Sala AMIA, la más amplia del edificio judicial de Comodoro Py 2002 y según fuentes judiciales, ese trámite puede demandar más de tres jornadas, en las que todos los acusados tendrán la obligación de estar presentes. 
La senadora y expresidenta, su ministro de Planificación, Julio De Vido; Báez y otros diez acusados serán juzgados por la supuesta comisión de los delitos de asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Para los fiscales que llevaron el caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, los acusados se asociaron de manera ilegal para favorecer a Báez con la adjudicación de 52 obras públicas en Santa Cruz entre 2004 y 2015, por valor de 46.000 millones de pesos.

Fuentes judiciales estimaron que el debate se extenderá casi un año y destacaron que está prevista la declaración de unos 160 testigos, entre ellos el exjefe de Gabinete kirchnerista Alberto Fernández, quien el fin de semana fue anunciado como precandidato a presidente en una fórmula que compartirá con la propia Fernández de Kirchner.

Ayer continuaron los preparativos: más de 50 policías federales se sumarán a la seguridad habitual del edificio, mientras los alrededores estarán custodiados por Prefectura y Gendarmería, informaron fuentes que trabajan en el tema.
Los jueces del TOF 2, Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, prevén iniciar el debate con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio de los fiscales Pollicita y Mahiques; de los dos organismos querellantes, la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF), y el auto de elevación del juez de instrucción Julián Ercolini.
Si bien el juicio comenzará un martes, luego las audiencias pasarán a los lunes y el TOF 2 tiene previsto agregar una jornada semanal en cuanto sea posible para agilizar el trámite del proceso, informaron fuentes judiciales. 
La expresidenta ingresará al edificio ubicado en Comodoro Py 2002 por un acceso lateral -en este caso la calle Combate de Costa Brava-, como hizo cada vez que le tocó concurrir a los tribunales, y llegará casi sobre la hora del inicio de las audiencias para ir directo a la sala.

“Foto de campaña”
Uno de los abogados de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, aseguró que “ella va a ir, la foto va a estar y Cambiemos va a utilizarla” ya que, consideró, “es el comienzo de la campaña de ellos”.
“No tienen posibilidad de mostrar gestión, tienen que mostrar una foto”, aseveró.

En declaraciones a la radio FM Espacios de Formosa, Dalbón dijo que desde el gobierno de Mauricio Macri “utilizan este juicio por una cuestión electoral, pero van a tener que suspender el juicio por una cuestión jurídica porque tiene una falencia que tiene que ver con la falta de garantías constitucionales en el debido proceso”.
El letrado indicó que “hay cuestiones que se apuraron por lo electoral y la verdad la Justicia no debería ser utilizada con cuestiones electorales; si quieren hacer un juicio deberían proveer a las personas que están imputadas la posibilidad de defenderse, pero se entiende que esto lo hacen por una cuestión electoral para soslayar la figura de Cristina”.
“La foto de Cristina en Tribunales es el comienzo de la campaña de Cambiemos porque no tienen posibilidad de mostrar gestión, tienen que mostrar una foto”, afirmó.

Dalbón recalcó que la expresidenta va a concurrir a cada una de las audiencias que sea obligatoria y “a las que no, no va a ir, hasta que la Corte se expida y se anule el juicio. Está bien que quieran investigar por la obra pública, pero tiene que haber garantías y no haber cedido a la presión del Ejecutivo”.