Aunque el pago es obligatorio, en las principales organizaciones gremial-empresarias recién comienza la discusión sobre cuáles serán las posibilidades concretas de afrontar el bono de cinco mil pesos acordado por el Gobierno nacional con el sindicalismo y entidades de la actividad privada.

En lo formal, el pago de este adelanto salarial es obligatorio y en una sola cuota con el salario de septiembre, pero algunas empresas consultadas hablan de fraccionar su monetización e inclusive hay quienes plantean que no lo pagarán porque están asumiendo aumentos salariales pactados en paritarias.

Por el contexto de crisis económica que presiona sobre las finanzas de las empresas, cada sector podrá acordar hacerlo en cuotas y en otros plazos, según convengan las partes firmantes del respectivo convenio colectivo.

Así quedó establecido durante una reunión de representantes técnicos del Ministerio de Producción y Trabajo, cámaras empresariales y la CGT realizada el lunes.

La medida será emitida a través de un decreto presidencial que será publicado en el Boletín Oficial en las próximas horas. Una fuente gubernamental cercana a la negociación confirmó a este diario que el tema está cerrado.

No se trata de un “bono” o de un “plus salarial” de compensación. Es solamente un anticipo del incremento salarial que negociarán los gremios, ya sea para el año 2020 o si se reabren las paritarias de 2019 por la suba inflacionaria.

La suma por cobrar por los trabajadores será no remunerativa, es decir que las empresas no pagarán aportes a la seguridad social. No hay aquí esfuerzo fiscal porque el Estado no tenía previsto recaudación alguna por esta medida en su presupuesto en ejecución.

El pago beneficiaría a más de seis millones de trabajadores privados, pero no alcanzará a las empleadas domésticas ni a los trabajadores rurales.

La posibilidad de acordar cuotas y tiempos de pago del “bono” mina su carácter de obligatorio.

Pero no hubo momento para pataleos sindicales. En el propio Gobierno reconocieron que la CGT lo aceptó al entender que la crisis es profunda.

Miguel Acevedo, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), recordó que el bono de fines de 2018 sólo pudo ser pagado por alrededor de la mitad de las empresas, cuando la recesión económica no tenía la gravedad y extensión de la actual.

“Esto es una manera de volver a tener algo de poder adquisitivo. La idea es que el que pueda pagarlo ya, la empresa que tiene capacidad de pagarlo, lo haga. Y la que no pueda, lo irá viendo en el transcurso de estos dos o tres meses”, señaló el dirigente.