El interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Aníbal Fernández, revocó “por ilegítimas” las contrataciones de 417 agentes en la planta permanente de la empresa pública que habían sido incorporados en los últimos días de la administración anterior y denunció a su antecesor en el cargo por “desviación de poder y delitos de acción pública en perjuicio” de la compañía.

YCRT publicó ayer en su cuenta de Facebook la resolución 8/2020 por la que Fernández instruyó a la acción penal al servicio jurídico del ente, luego de revocar una medida anterior “por razones de ilegitimidad basada en su falta de causa, la ausencia de convalidación y el conocimiento del vicio”, las designaciones de la intervención durante la administración de Mauricio Macri.
Más temprano, en su cuenta de Facebook, Fernández explicó que el 29 de noviembre de 2019, “días antes del cambio de gobierno, el entonces interventor de YCRT, Omar Zeidán, efectuó la contratación de 417 agentes en planta permanente” y explicó que esas designaciones se fundamentaban “en supuestas ‘inversiones programadas’, las ‘inmejorables condiciones creadas por el gobierno’ de Macri y la necesidad de contar con mayor personal”.

Para Fernández, esos argumentos eran “todas falacias”, ya que “las actividades del complejo se encontraban virtualmente paralizadas por medidas de fuerza del personal y por el estado de crisis de la empresa”.

En ese marco, anunció que procedió a “la revocación de la resolución (que ni siquiera fue firmada por la autoridad de aplicación de Trabajo) por la ilegitimidad de las contrataciones”, informó Página 12.

El interventor de YCRT señaló además que su antecesor en el cargo “pretendió despedir más de 500 trabajadores en 2018, amparándose en la supuesta inviabilidad de la empresa y en el procedimiento preventivo de crisis, mientras que los ingresantes a planta no cumplían con las condiciones de residencia, idoneidad ni capacitaciones, ni presentaron exámenes preocupacionales ni antecedentes penales”.