Tras un extenso debate en un plenario de comisiones, en el que expusieron integrantes del Gobierno, el oficialismo de la Cámara de Diputados logró este miércoles firmar dictamen de mayoría a favor del proyecto para reformar las jubilaciones especiales de jueces, fiscales y diplomáticos.

Tras intensas negociaciones que ocurrieron en la trastienda del debate, el Gobierno aceptó algunos cambios que reclamaban los sectores afectados por la reforma de los regímenes especiales y que la oposición de Juntos por el Cambio respaldaba.

Las concesiones fueron ratificadas durante las exposiciones del ministro de Trabajo, Claudio Moroni; del titular de ANSeS, Alejandro Vanoli; y del secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi, que fueron los primeros oradores del debate.

Actualmente, los mencionados acceden al 82% móvil calculado sobre el último sueldo que cobran en actividad. El proyecto corrige ese beneficio y pretende realizar un promedio de los últimos 10 años y sobre ese monto calcular el 82% móvil. Ese mecanismo es el que se utiliza con un trabajador común.

Además, se eleva la edad para acceder la jubilación, que pasa, en jueces hombres, de los 60 a los 65 años.

Se excluye también del cálculo a empleados del Poder Judicial que no se desempeñan como jueces pero tienen jerarquía.

Según el director de ANSES, Alejandro Vanoli, las asimetrías que favorecen a los privilegiados son muy grandes y no pueden ser soportadas por un sistema deficitario como el actual.

Vanoli desarrolló ante los diputados datos estadísticos que aseguran que hoy un juez posee una jubilación que supera de 10 a 15 veces la mínima, establecida alrededor de los 20 mil pesos.

En su etapa activa, un juez cobra por encima de los 300 mil pesos, agregó el ministro de trabajo Claudio Moroni.

La diferencia entre lo que aportan los magistrados en actividad y el monto que hace falta para abonar sus sueldos es de 9 mil millones de pesos, de acuerdo a lo que mostró el titular de trabajo.

Se trata de cifras que corresponden a la justicia federal, que suele ser mejor remunerada que los tribunales provinciales.

Según fuentes vinculadas a la justicia provincial, un juez con una posición equivalente pasa de rondar los 300 mil pesos en la justicia federal a los 190 mil pesos en los tribunales provinciales.

En el caso de los funcionarios del poder judicial la diferencia puede llegar a triplicar el salario.

En el plano político, la diferencia pasa por detalles.

Mientras intentan no quedar atrapado en el lobby del poder judicial, los diputados de la oposición buscaron introducir una modificación clave: garantizar mediante una cláusula expresa que quienes estén en condiciones de jubilarse hoy opten por seguir trabajando puedan gozar de la misma situación cuando finalmente decidan pasar a retiro.

El Frente de Todos afirma que esa aclaración es innecesaria, ya que se trata de derechos adquiridos que no cambiarán. La ley tendría impacto en quienes ingresarán al sector pasivo en algunos años.

El oficialismo afirma que eso se entiende y que no es necesario aclararlo. Los jueces temen que ese entendimiento tácito sea luego interpretado de manera distinta por el ANSES al momento de acogerse a la jubilación.

Esa diferencia motivó la difusión de un comunicado por parte del bloque de Juntos por el Cambio, que entiende que el gobierno nacional juega con la posibilidad de que varios centenares de jueces decidan jubilarse hoy antes que un cambio en la normativa los perjudique, y se produzca así una baja masiva que retrase entre otras cosas, las investigaciones judiciales por casos de corrupción en el país.

Con dictamen de comisión, el proyecto bajará al recinto durante la sesión de este jueves en el Congreso Nacional.