Las nuevas autoridades del Ministerio de Seguridad nacional hablan del fin de la “espectacularización" de la lucha contra el narcotráfico. Consideran que al menos durante los últimos cuatro años (los de la gestión macrista) hubo una intención deliberada de instalar en el sentido común un combate al mercado de las drogas ilícitas forzado, incluso falso: una inversión en dedicación de agentes menos tendiente a cortar las sogas del negocio y más dedicado a engordar las estadísticas con causas las mujeres correo (mulas), los camioneros, los vendedores de poca monta -las cadenas más bajas del sistema- y también al valerse de la inocencia de los consumidores.

Para sostener esta hipótesis, que es vox populi y que por supuesto también se ha dado en gobiernos anteriores al de Mauricio Macri -pero de la que no había estadísticas oficiales del Poder Ejecutivo hasta ahora- el equipo de trabajo de la ministra Sabina Frederic llevó a cabo durante parte de diciembre y enero un relevamiento detallado de las incautaciones de marihuana, cocaína y drogas sintéticas hechas por las cuatro fuerzas de seguridad federales entre 2016 y 2019, es decir, sólo durante la gestión de Patricia Bullrich al frente de la cartera de Seguridad.

Infobae tuvo acceso a los datos elevados por las fuerzas de seguridad federales y son contundentes para demostrar un desequilibrio entre el fondo y la superficie de la cuestión: en más del 80% de los operativos realizados en busca de sustancias ilícitas en ese lapso se secuestraron menos de 100 gramos de cocaína o cannabis, o menos de 50 unidades, en el caso de las sustancias de diseño. Y con un dato aún más llamativo: los operativos crecieron los últimos tres años a la par que bajaba la cantidad de drogas secuestrada.

En el caso concreto de la marihuana, durante 2019 en el 93% de las incautaciones se secuestraron menos de 100 gramos y en el resto se obtuvieron los mejores resultados en cuanto a grandes cantidades: la mayoría de los operativos apuntó contra vendedores barriales (narcomenudeo) o consumidores que tenían, en promedio, apenas 8 gramos (ocho “porros” aproximadamente), lo que entraría en la órbita de la tenencia para consumo personal.

A pesar de estar penada por la ley de drogas, la criminalización de la tenencia para consumo fue considerada “inconstitucional” por la Corte Suprema de Justicia en 2009, con el célebre fallo Arriola, que marcó que la 23.737 no respeta el espíritu del artículo 19 de la Constitución (“Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados”).

“El informe es producto de una serie de hipótesis y sospechas sobre cómo se combatió al narcotráfico en los últimos años. Los datos que dejó la gente que se fue, que proceden de diferentes fuentes, confirman esas hipótesis y es que se han utilizado muchos recursos públicos, muchas horas de trabajo de los agentes de las fuerzas de seguridad en un combate que no tiene ningún resultado en términos de desincentivar el narcotráfico en Argentina. Como muestran los datos, hay un crecimiento de la cantidad de procedimientos donde la incautación va bajando, es decir, crecen los operativos donde se incauta menos y bajan los que incautan más”, explicó a Infobae la ministra Sabina Frederic, que la semana próxima abrirá el juego del Consejo Federal de Seguridad con gobernadores y ministros de todo el país y este, adelantó, será uno de los temas importantes.

En 2017 las fuerzas de seguridad federales incautaron marihuana en un total de 7.996 operativos, a razón de 16,8 kilos por incautación. Dos años más tarde, en cambio, se llevaron a cabo 27.639 incautaciones y “levantaron” 4,6 kilos por cada operativo (por un total de 128.050 kilos), lo que en términos porcentuales representa un aumento de 246% de las incautaciones y una caída del 5% en la cantidad de esta planta, que normalmente se produce en Paraguay y se distribuye por Argentina y los países limítrofes en panes prensados usualmente de un kilo.

Al igual que en el caso de la marihuana, en los operativos en que se secuestró cocaína se registró un aumento de incautaciones, de 4.054 hechos en 2017 a 7.372, en 2019. Y a la par, un declive de la cantidad incautada de esta droga: de 13.349 kilogramos a 6.900 kilogramos. Es decir, entre 2017 y 2019 se informó un crecimiento del 82% de incautaciones de cocaína, mientras que, en ese mismo período, la cantidad incautada de esa droga cayó un 45%.

El promedio de kilogramos de marihuana incautados por operativo, sistematizados de manera anual (1 de enero al 31 de diciembre) cayó año a año desde 2016 (20 kg.; 17 kg.; 11 kg. y 5 kg. promedio). En el caso de la cocaína, esa caída de lo incautado por kilogramos por incautación se produjo a partir de 2017.

También ocurrió un proceso similar con las drogas sintéticas o de diseño (éxtasis, cristal, LSD, las más comunes). Las incautaciones durante 2017 fueron 296. Dos años después ascendió a 749. Es decir que este tipo de operativos creció un 153%. Pero si el ojo se pone en la cantidad de drogas sintéticas incautada aparece un declive del 46%: se pasó de 651 unidades por incautación en 2017, a 138 en 2019.

Paralelamente, el consumo de todas las sustancias aumentan, no sólo en el país, también en el mundo. Como consecuencia, también crecen las zonas de cultivo, especialmente de cocaína, y sobretodo en Colombia. Un ejemplo concreto de que la guerra contra las drogas la gana el mercado clandestino, que domina el territorio y pone los precios.

En las cárceles federales, aproximadamente el 35% de los detenidos lo está por la ley de drogas. Todos los especialistas y conocedores del mundo judicial y carcelario coinciden en que hay una gran mayoría de presos y presas (en el caso de las mujeres la proporción es aún más alta) por comercializar escasas cantidades: transas barriales, víctimas de la trata, oportunistas y desesperados. Pero no existen demasiados datos concretos sobre la disección de esta división.

Según los registros de la Procuración Penitenciaria Nacional y el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), a diciembre de 2018 había 5.358 presos por infracción a ley 23.737: por tenencia simple 318, para comercialización 368 y tráfico 1.061. Pero además, existían 3.426 detenidos, casi el 60% del total, sin aclaración sobre qué artículo de la ley violaron. Es decir, la mayoría integran un agujero negro y lo único que se sabe es que no son los grandes narcos quienes están adentro.

“A esto hay que agregarle una cifra negra de los escuadrones y establecimientos de Gendarmería y Prefectura que en estos últimos años han aumentado en gran cantidad. Puedo asegurar que los peores lugares de alojamiento en cuanto a sobrepoblación y condiciones de detención son estos escuadrones, muchísimo más que cualquier cárcel federal”, comentó a este medio Ariel Cejas Meliare, procurador adjunto de la PPN.

La ley de flagrancia contribuyó al crecimiento de la población carcelaria: se trata de una ley impulsada por Bullrich y que habilita un procedimiento que permite resolver, de manera rápida, los casos de “autor conocido y prueba sencilla”, donde los detenidos, sorprendidos in fraganti, son puestos a disposición del juez de manera inmediata y juzgados mediante un sistema oral abreviado. Eso, en el plano ideal. Lo cierto es que ese delito muchas veces es tener escasa cantidad de sustancias: 8 gramos de cannabis o 7 de cocaína, como dice la estadística.

El relevamiento del Ministerio de Seguridad a partir de los datos de las fuerzas de seguridad federales sobre los últimos cuatro años en relación a las cantidades incautadas en cada operativo da una magnitud de quiénes son los que ocupan esas celdas.