Autoridades nacionales y reclusos del penal de Devoto acordaron esta tarde la creación de una mesa de diálogo que se concretará mañana a las 10 en instalaciones de la cárcel, tras el motín de hoy. En esa mesa habrá representantes judiciales, del Ministerio de Justicia, del área de Derechos Humanos y funcionarios del Servicio Penitenciario Federal.

Entre los temas a tratar figuran las acordadas de las Cámaras Federal de Casación Penal y la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional. También se tratarán compensaciones y conmutaciones de penas, informes médicos realizados por forenses, la situación de extranjeros en el país, y "diferentes tipos de métodos alternativos de cumplimiento de la pena, principalmente en los grupos de riesgo y/o cercanos al cumplimiento de la pena". Los incidentes se produjeron cuando los presos supieron que dos guardacárceles estaban infectados de coronavirus. 

El secretario de Justicia, Juan Martín Mena, firmó el acuerdo pasadas las 17 horas, junto al titular del Servicio Penitenciario, Emilio Blanco y representantes de los reclusos. Mena se comprometió a una recorrida para constatar el estado de las instalaciones después de los incidentes y eventuales refacciones, para lo cual los presos serían llevados al gimnasio del penal en el Módulo 6 hasta tanto los presos fueron llevados a sus respectivos pabellones. Además, hubo un compromiso de no trasladar a presos involucrados en los hechos, para que no se lo considere una represalia. 

En el acuerdo quedó explícito el análisis de acordadas. Un fallo de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal planteó la necesidad de "despoblar la cárcel, liberando a la mayor cantidad de privados de la libertad antes de que "el Covid-19 cause una masacre", al dictaminar en favor de la detención domiciliaria de una mujer trans, informaron fuentes judiciales.

Se trata de un fallo firmado por los camaristas Guillermo Jorge Yacobucci, Alejandro W. Slokar y Carlos A. Mahiques. "Hay que despoblar la cárcel, liberando a la mayor cantidad de privados de la libertad empezando por los inocentes, las madres al cuidado de hijos, los que purgan penas leves y los más vulnerables físicamente", dice en su pasaje más importante.

La Sala II expresó este argumento al revocar un fallo de primera instancia en el que una mujer trans de 40 años, portadora de HIV , de nacionalidad peruana y presa en la cárcel de Ezeiza pidiera la detención domiciliaria por su situación de "extrema vulnerabilidad" por pertenecer a ese colectivo y las condiciones de hacinamiento en la que estaba.

Los camaristas ordenaron que la detención domiciliaria sea "hasta que finalice la pandemia" al tiempo que al ser portadora de HIV, dispusieron que "deberá facilitársele la provisión de medicamentos para la continuidad de su tratamiento, y su inclusión en los programas del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad".

La mujer trans se llama Nicole, tiene 40 años y cumple una pena de 4 años de prisión a raíz de la tenencia de estupefacientes a los fines de comercialización y ya cumplió más de la mitad de la pena, detallaron fuentes judiciales a la agencia Télam.