El jueves pasado hubo una importante reunión en la Casa de Gobierno de Tucumán para tratar de encontrar una solución a la crisis carcelaria. Después de fracasar en el intento de despoblar las comisarías de detenidos, un representante del Servicio Penitenciario pidió la palabra. “Necesito que nos colaboren con una gestión. Necesitamos que un banco ponga un cajero automático en la zona para que los reos puedan utilizarlo”, señaló.

Los presentes, asombrados por el planteo, le respondieron casi al unísono: “¿para qué quieren un cajero allí?” El representante del sistema carcelario les respondió: “los detenidos lo necesitan para terminar de hacer los trámites para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia… Bueno, pero también lo podrán utilizar el personal y los vecinos…

La Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) recibió en los últimos días varios pedidos para que se les permitiera a los internos salir del penal para cobrar el subsidio o presentarse a un banco para gestionar la clave bancaria única (CBU).

“Recibí varios pedidos de este tipo, pero fueron rechazados porque no les corresponde cobrar; no sé cuál fue el criterio que adoptaron mis colegas”, explicó la jueza de Ejecución Alicia Merched al diario La Gaceta.

"Además no entiendo para qué necesitan manejar efectivo los internos. En todo caso, el IFE lo pueden gestionar sus familiares”, agregó.

La jueza de Ejecución Alicia Merched solicitó un informe para determinar quiénes eran los presos que habían accedido al IFE. Le pasaron un listado integrado por 14 reos. Estos son algunos de la lista: Raúl “El Turco” Fadel (en 2014 había sido condenado a 14 años de prisión por el crimen del empresario Marcelo Rocuzzo, ocurrido durante un robo). Andrés Alejandro González (sentenciado a 18 años por la desaparición de María de los Ángeles “Marita” Verón) y Tomás Alejandro Ceballos (cumple prisión perpetua por el crimen de Adrián Mansilla, por el que también fue condenado Miguel “Piki” Orellana, hermano de los caudillos políticos de Famaillá).

El gerente regional del NOA de la Anses, Jesús Salim, explicó que los reclusos no están contemplados en el pago del beneficio, pero aclaró: “Cualquier persona puede ingresar y cargar los datos. Después se hacen los chequeos de datos con la AFIP y Migraciones. No existe un entrecruzamiento de información con la Justicia”.

El funcionario remarcó que “una cosa es que se otorgue el IFE y otra que se efectivice el pago. Por eso es importante que se haya decidido impedir la instalación del cajero. La Justicia tiene la responsabilidad de autorizar la salida del reo para cumplimentar el trámite”.

La ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, se comunicó con Salim y acordaron tomar medidas para evitar que los condenados cobren la asistencia.

La novedad se produjo días después de que se revelaran algunos detalles sobre el tráfico de drogas en el penal y cómo un grupo de guardiacárceles estaría involucrado en la venta de productos prohibidos, como celulares y bebidas alcohólicas, que se comercializan dentro de los muros del penal de Villa Urquiza.