El Gobierno nacional deberá publicar, en las próximas semanas, el decreto por el cual fijará la actualización de las jubilaciones para el trimestre septiembre a noviembre. Mientras se espera que llegue una nueva fórmula de ajuste que reemplace a la que había fijado la suspendida Ley de Movilidad Previsional, la decisión de la administración de Alberto Fernández es que los haberes mínimos no pierdan contra la inflación.

Al quedar sin efecto la referencia de la variación de los precios y salarios en el trimestre previo a los seis meses de aplicación, como establecía la norma de marras, y aparecer severas limitaciones fiscales con la extensión de la cuarentena, porque debilitó los recursos tributarios y potenció el gasto social y sanitario, se abrió un nuevo escenario de incertidumbre sobre el factor de ajuste.

Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación el sistema tiene 6,6 millones de personas beneficiarias y 9,8 millones de aportantes; con esa relación, explica el informe, se puede cubrir solo el 40% de la remuneración promedio.

Esto genera el problema crónico de la economía argentina: sale más de lo que entra, por lo que la definición tiene un gran contenido de política. Y como todo se define entre los diferentes sectores que conforman la coalición de gobierno porque aunque la medida es tomar la inflación del trimestre anterior, existe cierto grado de discrecionalidad al respecto teniendo en cuenta que el aumento se define por decreto por el límite que impone la aceleración del déficit fiscal.

En ese sentido, desde el equipo del ministro Martín Guzmán ya hicieron saber que la intención es que las jubilaciones ajusten por el acumulado del último trimestre del IPC Indec, esto es 1,5% abril, 1,5% mayo y 2,2% junio, lo que implicaría que si esa postura es la que se impone el próximo ajuste jubilatorio para el trimestre septiembre a noviembre sería de 5,3 por ciento.

Desde otro sector del gobierno, más precisamente desde la Anses que comanda María Fernanda Raverta, están pujando por una fórmula donde el haber jubilatorio no sólo acompañe al costo de vida sino que le gane, para recuperar parte del terreno perdido el año anterior. La intención de los técnicos del organismo es que el aumento tenga un piso del 7 por ciento.

Pero aún en el caso de que se impusiera la fórmula que nace del sector de Raverta, que tiene un incremento de caso dos puntos porcentuales por sobre la inflación del segundo trimestre, aún quedaría por debajo del 10,6% que arrojaría la Ley de Movilidad suspendida.

Ese valor se desprende de la fórmula de movilidad suspendida que toma el trimestre del semestre previo al ajuste, la cual se desagrega en un 70% de la variación del Índice de Precios al Consumidor que fue 8,83%, y el 30% de la suba del RIPTE (Remuneración Imponible para el Trabajador Estable) que fue 14,72 por ciento.

Aunque aún está en discusión hay un dato que de alguna manera marca el camino que podría definir la Casa Rosada. En el proyecto de Ley de Ampliación de Presupuesto 2020 se elevó la partida para la Seguridad Social a $2,63 billones, eso implica 41% más que el ejecutado en 2019 ($1,87 billones), alineado con la inflación que estiman las consultoras privadas diciembre a diciembre.

Otro punto que se discute es que no pasa desapercibido entre los abogados previsionales que “el Gobierno tomó la decisión política de imprimir y aumentar el circulante para contener a un sector de la sociedad entregando el IFE pero sigue ajustando las jubilaciones”.

Fuente: Infobae