El ministro de Economía, Martín Guzmán, reveló que la presentación del Presupuesto para el año que viene prevé aumentos en las tarifas de los servicios públicos, estarían atados a la inflación.

El proyecto fue enviado esta semana al Congreso y lo defenderá Martín Guzmán la semana próxima, y aunque no hace alusión a cómo será el reacomodamiento tarifario en 2021, el ministro dijo que “las tarifas deben actualizarse de una manera que acompañe el crecimiento de los precios”. Y la inflación proyectada para el año próximo asciende al 29 por ciento.

Al hablar sobre el presupuesto, Guzmán dijo que “las decisiones tarifarias se tomarán en el resto del año, pero creemos que deben ajustarse de acuerdo a la inflación. Apuntamos a que los subsidios en relación al PBI no crezcan. En 2020, hubo un congelamiento nominal; lo que esperamos para 2021 es un congelamiento real”.

El ministro también expreso que se redefinirá el esquema de tarifas “buscando una transición ordenada, en la cual haya incentivos a la inversión y sustentabilidad fiscal”. Además, dijo Guzmán, lo que pagan los hogares debe estar alineado con la situación económica y social. “Ese esquema para 2021 se va a estar informando más adelante. Hasta el 31 de diciembre no va a haber cambios”, remarcó.

Ya son 18 meses desde que rige el congelamiento tarifario y en las empresas ya tenían asumido que no habría cambios por lo menos hasta fin de año, menos aún en el actual contexto de pandemia. Por otra parte, la Secretaría de Energía pasó a depender de Economía y todavía el nuevo titular del área, Darío Martínez, ni siquiera tiene oficializado el nombramiento. Por ende, la discusión se demorará. “Da la sensación de que otra vez se lo vuelve a postergar al sector respecto del valor estratégico que tiene. Estamos muy cerca de colapsar y si no ingresa dinero, la calidad del servicio empeorará en el mediano plazo”, dijeron en una de las distribuidoras eléctricas.

Desde las empresas aseguran que los costos suben, que acumulan la inflación de un año y medio, y tienen la expectativa de poder iniciar una renegociación del esquema tarifario con el Gobierno.

En una de las empresas de servicios públicos afirmaron que el sector está muy complicado y que es un rubro en el que todos los años hay que invertir para mantener el servicio. Y si no ingresa dinero, la inversión baja, y se sentirá en el mediano y largo plazo, como ya ocurrió en el pasado. En el caso de las distribuidoras, no sólo no tuvieron actualización de tarifas, sino que sufrieron un crecimiento en la mora. Al principio de la cuarentena, se frenó el cobro porque las oficinas estaban cerradas y si bien luego se normalizó y los usuarios comenzaron a abonar vía Internet o en los locales de pago.

Desde una de las firmas consultadas por el Infobae, se animaron a afirmar que sólo el segmento de la distribución requiere de un aumento del 60%, lo que implicaría un aumento del 20% para el usuario. Pero también debería agregarse el costo de la generación, ya que un tercio de la factura de luz es el costo de la compra de la energía a CAMMESA; otro tercio es el valor agregado de la distribución y el otro, los impuestos. Hoy la demanda está pagando un 40% de lo que sale generar la electricidad; el resto lo afronta el Estado.