El decreto 320/20 con el que Alberto Fernández prohibió los desalojos para quienes no haya pagado el alquiler, se vencía el último día de septiembre. Por este motivo, el gobierno nacional estudió el pedido de los inquilinos para extenderlo, mientras las inmobiliarias exigían no prorrogar esa norma, que también congeló los valores y frenó las mudanzas. 

El presidente Alberto Fernández había adelantado a principio de mes que estudiaba la medida: "lo que tienen que saber todos es que vamos a proteger a los sectores más débiles porque no es momento de castigarlos". Sin embargo, al decir que "hay que esperar para ver qué hacemos" sembró el pánico entre quienes están en crisis por sus ingresos. 

"Transmitimos a las cientos de miles de familias que alquilan que pueden estar tranquilas y les pedimos que no firmen contratos nuevos, que no paguen suma alguna por encima del alquiler, y que no se dejen amenazar, amedrentar ni extorsionar por los locadores", señaló minutos atrás Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos, al anunciar que desde la jefatura de gabinete de la nación la habían confirmado que el presidente firmará el nuevo DNU, cuyo  plazo sería hasta fin de año. 

Muñoz diferenció ayer, tres grupos dentro de los inquilinos más perjudicados: “Tenés un sector que fue desalojado, a pesar de la prohibición, y tenés un sector endeudado, con deudas de dos meses o más. Esos son 700.000 sobre 3,5 millones de hogares inquilinos. Ese sector estaba a punto de quedar en la calle. Además, en riesgo sus garantes o su recibo de sueldo (si aún lo tienen)”, dijo al portal del diario Ambito Financiero.

El tercer grupo, según dijo, es aquel al que “se le termina el contrato el 30 de septiembre porque usaron el DNU y el mercado inmobiliario les está proponiendo aumentos del 100 al 150% en el precio del alquiler para renovar”.