Por unanimidad los integrantes de la Corte Suprema aceptaron el recurso de "per saltum" presentado por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, que cuestionan la decisión del Senado de no renovar los traslados que tuvieron durante la anterior gestión nacional. Ahora los magistrados del máximo tribunal tratarán la cuestión de fondo: si corresponde o no que regresen a los juzgados originales.

La decisión votada por la mayoría de los senadores fue interpretada como una ofensiva judicial de la vicepresidenta Cristina Fernández por tratarse de funcionarios judiciales que intervinieron en causas donde la expresidenta estuvo involucrada.

En julio de este año, el Consejo de la Magistratura avaló un reclamo que impulsó el representante del Poder Ejecutivo Gerónimo Ustarroz para revisar los traslados de una serie de magistrados porque, según alegaron, se hicieron sin contar con el acuerdo del Senado.

En la nómina se incluyeron los nombres de Bertuzzi y Bruglia, quienes se convirtieron en el blanco de las críticas kirchneristas porque fueron designados por el ex presidente Mauricio Macri y porque fueron quienes confirmaron procesamientos contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, en el marco de la causa denominada como los cuadernos de la corrupción.

La Magistratura avaló el pedido de Ustarroz con el voto clave de la consejera Graciela Camaño y solicitó al Senado que se complete el trámite constitucional de nombramiento de jueces federales con su acuerdo.

La ley requiere que exista gravedad institucional, en el sentido de que exceda el mero interés de las partes. Para la Corte eso sucede en este caso, porque más allá del interés de los dos jueces, se debe definir cuál es el alcance de los traslados de jueces federales, de importancia para todo el sistema judicial.

En el fondo, tratan de analizar los procedimientos constitucionales que regulan la integración de los tribunales y las disposiciones que rigen esos procedimientos para contar con una magistratura independiente.