Luego de una extensa sesión de diez horas, la Cámara de Senadores respaldó la validez del Decreto de Necesidad y Urgencia emitido por el Poder Ejecutivo que declara servicio público esencial a las tecnologías de la información y las comunicaciones.

El DNU fue aprobado gracias a los votos del Frente de Todos y de sus aliados, ya que Juntos por el Cambio se pronunció en contra.

La votación terminó con 41 votos afirmativos y 26 negativos. Asimismo, no hubo abstenciones por parte de los legisladores.

A partir de su aprobación en el Senado, el instrumento quedará vigente ya que la legislación establece que los DNU deben ser rechazados por ambas Cámaras del Congreso para concretar su eventual derogación.

El expediente fue emitido el 21 de agosto de 2020 por el Poder Ejecutivo y rápidamente fue dictaminado en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Durante el cierre de la sesión, el jefe de la bancada oficialista, José Mayans, cuestionó en duros términos las críticas que hizo la oposición al decreto.

“Nosotros marcamos las pautas. El otro gobierno fracasó en todas las políticas públicas. Y ahora vienen a decirnos lo que tenemos que hacer. Déjennos gobernar. Nosotros vamos a marcar las prioridades del gobierno”, enfatizó.

Mayans también defendió el decreto sobre TIC argumentando que lo que se busca "es que las prestatarias de servicios sólo deban fijar precios justos y razonables”. “El presidente está diciendo: un poquito menos ganen. ¡Esta gente quiere ganar en dólares!”, advirtió en referencia a las empresas involucradas.

El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, el radical formoseño Luis Naidenoff, justificó la negativa de la oposición a acompañar el DNU argumentando que “tiene enormes irregularidades” porque “fue dictado apenas un día antes de la convocatoria a la reunión de la Bicameral” y “no fue elevado a los legisladores”.

Por otro lado, también cuestionó que algunos discursos del oficialismo hablaban de “estructuras concentradas de poder” pero recordó “la fusión Cablevisión-Multicanal” facilitada el 7 de diciembre de 2007, durante el gobierno de Néstor Kirchner.