Después de un fallo favorable, el gobierno porteño tuvo un revés judicial por las clases presenciales, ya que la Justicia se pronunció en contra de la actividad en las escuelas. La medida la dispuso el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Esteban Furnari, que hizo lugar al planteo del Procurador del Tesoro Carlos Zannini.

El lunes el funcionario hizo una presentación ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal para que se declare la inhibitoria de la Justicia porteña y la invalidez de lo decidido por la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad de Buenos Aires. Se trata del fallo que habilitó las clases presenciales en Capital Federal, contra lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 241/2021 que implementó medidas de restricción por la segunda ola de contagios de coronavirus.

En su fallo, Furnari resolvió: ”Admitir parcialmente la inhibitoria planteada por el Estado nacional, declarar la incompetencia del fuero en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de las Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires y disponer su remisión a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Además, dispone “dejar sin efecto la resolución cautelar dictada el 18 de abril en la causa Fundación Centro de Estudios en Políticas Públicas sobre incidente de queja por apelación denegada y hacer saber al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que deberá abstenerse de aplicar y/o ejecutar la medida allí ordenada”.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, había presentado un amparo ante la Corte Suprema de Justicia para desactivar los efectos del decreto firmado por el presidente Alberto Fernández, que suspendió la presencialidad en las aulas hasta el 30 de noviembre. La Corte admitió su competencia en el tema y ahora lo tiene pendiente de resolución, pero la Justicia porteña había ordenado garantizar las clases presenciales, lo que fue calificado como una “aberración jurídica” por parte del Gobierno. Ahora, un Juzgado Federal dispuso que la reanudación de las clases presenciales debe esperar a que falle el máximo tribunal.

El Ejecutivo nacional trabaja a contra reloj para presentar ante la Corte las las pruebas y fundamentos para defender el DNU que dispuso la suspensión hasta el 30 de abril de las clases presenciales en el área metropolitana, ante la disparada de contagios de COVID-19. La presentación será después de que la Corte aceptara la competencia originaria en el caso y le corriera traslado al Ejecutivo para hacer una presentación en un plazo de cinco días.

En la Casa Rosada aseguran que la respuesta no solo será jurídica sino también epidemiológica. Expondrán cómo, según el criterio del Gobierno, creció la positividad de COVID-19 en la población escolar, argumentarán que en esta segunda ola crece con fuerza el contagio entre los más jóvenes y que el problema no es la escuela en sí sino el traslado hacia los establecimientos educativos.