A través del abogado Carlos Beraldi, la vicepresidente Cristina Fernández, presentó ante el Tribunal Oral Federal N°8 un pedido para que se anule el juicio oral por la firma del Memorando con Irán ya que el desarrollo de su tramitación estaría viciado.

El fundamento se apoya en las revelaciones acerca de los accesos de los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky tanto a la Casa Rosada –para mantener audiencias con Mauricio Macri- como a la Quinta de Olivos, donde ambos magistrados también habrían concurrido en momentos clave del desarrollo del caso.

Ambos fueron desequilibrantes tanto para aceptar a la DAIA como querellante y para reabrir la denuncia de Alberto Nisman, desestimada en dos oportunidades previas. Sus votos –pese a que estaban excusados de actuar en cuestiones relativas a la AMIA- permitieron que en Casación el caso fuese reabierto y luego, en manos del juez Claudio Bonadio, que se amplificara una causa “melliza” que terminó en instancia de juicio, con la ex presidenta como acusada, todavía sin fecha de inicio.

En el escrito, la ex presidenta pidió además su sobreseimiento y la realización de una audiencia pública en la que pretende exponer prueba antes los jueces. De todas formas, cabe indicar que la anulación ya fue pedida poco después de que, por resolución dictada el 29 de diciembre de 2016 en el marco de la causa N° 777/2015, la Sala I de Casación dejó sin efecto la desestimación de la denuncia original, apartó a todos los jueces que habían tomado esa decisión y ordenó remitir la causa a otro magistrado para que la continuara. Todo lo resuelto a posteriori está directamente relacionado con esa decisión de Casación y la posterior instrucción de la causa a cargo de Bonadio. 

Por esto, la solicitud de la vicepresidenta considera que también deben extraerse testimonios para investigar a quienes podrían ser partícipes de maniobras ilegales en la tramitación del caso y, en ese mismo sentido, que el Consejo de la Magistratura active el mecanismo de remoción contra los camaristas Hornos y Borinsky, por considerar que la parcialidad de ambos estaría constatada.

La presentación realizada por el doctor Beraldi alegó asimismo que se vulneró la garantía de “juez natural” del caso del Memorandum. También mencionó a la Mesa Judicial del gobierno de Macri, los contactos frecuentes de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón con jueces y fiscales y recordó la incidencia de organismos del Estado como la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA), entre otros, que habrían entablado una persecución judicial contra la familia Kirchner. Ahora deberá definir el TOF 8, que integran los jueces Gabriela López Iñíguez, José Michilini y Daniel Obligado.