La defensa del empresario Lázaro Báez concluirá el martes próximo su alegato final en el juicio oral por la causa Vialidad con un pedido de absolución para el dueño de "Austral Construcciones", tras exponer por qué, a su criterio, no hubo delito de asociación ilícita.

El debate ante el Tribunal Oral Federal 2 se reanudará el martes a las 9.30 con la tercera y última jornada de alegato para la defensa del detenido empresario, quien tiene un pedido de condena a prisión de 12 años en la causa por el supuesto direccionamiento a su favor de la obra pública nacional en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

Las dos primeras jornadas del alegato la semana pasada se dedicaron a demostrar que, para la defensa Báez, "no participó en ninguno de los hechos descriptos" por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, que lo acusaron por administración fraudulenta al Estado mediante direccionamiento, sobreprecios e incumplimientos en las obras.

Para la última jornada, la defensa anticipó que se dedicará a exponer sobre el otro delito por el cual se procesó a Báez, asociación ilícita en calidad de organizador, y "otros obstáculos que impiden la aplicación de una condena" al empresario, todo lo cual "debe llevar a la absolución".

En la segunda audiencia dedicada a su alegato, la defensa de Báez sostuvo que los fiscales "mintieron cuando dijeron que las obras no existían" y, para acompañar esa afirmación, fueron exhibidas imágenes de las obras de remediación de canteras que los acusadores habían asegurado que no se hicieron.

"Señores jueces, los fiscales les mintieron, les dijeron que estas obras no existían, que las canteras no fueron remediadas. Le pusieron 'la caja clandestina de Lázaro', para los diarios, todo era mentira", afirmó el abogado Juan Villanueva tras exhibir las imágenes.

Ante los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, el abogado de Báez reiteró que la pericia en la cual se aludió a sobreprecios y otras irregularidades "en ningún aspecto puede ser valorada" como prueba y que "las conclusiones de la fiscalía son una disconformidad con la normativa vigente".

Báez tiene un pedido de 12 años de prisión, la misma pena que los acusadores reclaman para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien al ejercer su derecho a defensa durante su alegato sostuvo que los fiscales cometieron "prevaricato".

Báez está acusado por supuesta "asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública".