Pasadas las diez de la noche de hoy, el Senado de la Nación aprobó de manera unánime el proyecto de Ley Nacional de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual, que propone un abordaje integral desde la salud colectiva y busca brindar contención e información para derribar prejuicios y situaciones de discriminación.
La votación por sesenta a favor y uno en contra, del jefe del bloque PRO, el misionero Humberto Schiavoni, dejó en claro el paradigma del Poder Legislativo Nacional.

La iniciativa, que cuenta con el apoyo de más de 200 instituciones y organizaciones civiles, plantea un cambio de perspectiva y pone foco en lo social, apuntando a mejorar la calidad de vida y prevenir muertes evitables.

Esta nueva norma, impulsada en conjunto con organizaciones de la sociedad civil desde 2013, reemplazará a la vigente Ley 23.798, promulgada en 1990, y deroga el decreto 906/95, que establece, entre otros puntos, la realización de pruebas diagnósticas para la detección de la enfermedad en el ingreso y permanencia en las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Se persigue un desterrar el “enfoque biomédico” de la norma vigente por uno “con perspectiva de género y derechos humanos” y con una respuesta integral a las personas que viven con la enfermedad. A su vez, contempla la prohibición de realizar la prueba de detección de ITS como parte de los exámenes preocupacionales (derogación del decreto 906/95), la erradicación de las prácticas discriminatorias, el impulso a la producción pública de medicamentos e insumos para su tratamiento y la participación activa de las personas con diagnóstico positivo en el diseño de políticas.

Incluye además, la posibilidad de la jubilación anticipada para quienes tengan más de 50 años, 20 años de aportes y al menos 10 como persona positiva; junto a una pensión no contributiva del 70% del haber mínimo para los mayores de 18 años que se encuentren en situación de vulnerabilidad social.

“La 23.798 fue una muy buena ley, pero se requiere un abordaje integral e intersectorial que no se limite únicamente a los tratamientos de salud. La nueva norma comprende todo el entorno social de las personas con VIH, como las barreras de acceso al trabajo, o una edad jubilatoria para ellas, entendiendo que su salud se encuentra afectada y tienen una esperanza de vida más corta”, aseguró la diputada Carolina Gaillard (Frente de Todos), autora de la norma.