La medida dispone de un plazo de 120 días para que las empresas se adecuen a esta normativa y advirtió que aquellas que no cumplan con lo ordenado serán pasibles de sanción pecuniaria.

En este expediente se investiga a Nicolás Maduro junto a unos 30 imputados más, entre los que se encuentra Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores y Justicia de aquel país.