En medio del conflicto que mantiene el Gobierno con los gremios aeronáuticos, se declaró formalmente a la empresa estatal “sujeta a privatización”.

La medida se dio a conocer mediante la publicación del decreto 873/2024 en el Boletín Oficial, en el que se destaca que “luego de 16 años de la estatización de la compañía, los objetivos propuestos no fueron concretados”.

En el considerando de la norma, el Ejecutivo menciona que “la sostenibilidad de las finanzas públicas es una responsabilidad asumida y que resulta necesaria para lograr el equilibrio fiscal y el cuidado de los escasos recursos con los que cuenta el Estado Nacional”.

En ese sentido, indicó que “la privatización de la compañía y su funcionamiento en condiciones de mercado permitirán una mejor prestación del servicio, el cuidado de las arcas públicas y, principalmente, que los argentinos dejen de financiar el déficit de una compañía ineficiente”.

Al respecto, el Gobierno apuntó contra los trabajadores de la empresa sosteniendo que “a pesar del grave resultado económico que arroja la gestión de Aerolíneas Argentinas S.A., sus empleados mantienen importantes beneficios que contribuyen a empeorar la situación descripta”.

En este aspecto, puntualizó que “entre tales beneficios se encuentran los pasajes gratis en clase ejecutiva que reciben los pilotos y su grupo familiar, la disponibilidad de pasajes sin costo a favor de dos familiares o de un acompañante para los días festivos en los que deban trabajar, el pago de suplementos en dólares estadounidenses a los pilotos y grandes descuentos para el personal jubilado, entre otros”.

También menciona, en el documento oficial, que esta medida se da en un contexto económico social donde “la pobreza alcanza el 52,9% de la población y la indigencia al 18,1 %”. Por lo tanto, agrega, “el Estado nacional debe destinar los limitados recursos fiscales a atender las necesidades de los que menos tienen”.