Justicialistas criticaron la detención de dos hombres tras opinar de la esposa de Gerardo Morales

viernes, 23 de febrero de 2024 11:16
viernes, 23 de febrero de 2024 11:16
La justicia jujeña de mantener bajo arresto a dos hombres tras haber posteado en redes sociales mensajes sobre una supuesta infidelidad de Tulia Snopek, esposa del ex gobernador Gerardo Morales, puso pendiente a los expertos en derecho público.
La mayoría ha manifestado una gran preocupación por el caso, cuestionando si es válido que dos personas estén detenidas por un posteo en redes sociales, actualmente los hombres llevan 48 días presos.
Nahuel Morandi fue arrestado tras publicar un tuit que aseguraba "Uno de los Tekis le enseña a tocar la quena a la mujer del ex gobernador" mientras que Roque Villegas reposteo en su cuenta de facebook mensajes sobre la supuesta infidelidad de Snopek.
Tras viralizarse los respectivos mensajes el pueblo jujeño en tono jocoso puso en duda la paternidad de Morales quien tiene una hija de dos años. 

Morandi y Villegas están acusados de dos delitos que los pueden dejar en prisión hasta ocho años: lesiones psicologícas (hacía Snopek) y afección a la identidad de una menor de edad.

 Alejandro Carrió, especialista en derecho penal y constitucional, sostuvo que “se está utilizando el derecho penal, que es la última herramienta del sistema”, para castigar conductas “que, de haber causado algún daño, sería suficiente con el derecho civil y las indemnizaciones” para contrarrestarlo.

Según Carrió, “la calificación de tornar incierta la identidad de la víctima es absolutamente forzada” porque “son comentarios no dichos asertivamente que de ninguna manera pueden calificar como ‘tornar incierta’ la identidad biológica de una persona”.

“También me parece forzada la calificación del daño sufrido por una persona adulta que tiene todas las herramientas que el derecho civil le concede para reparar el perjuicio que estas manifestaciones puedan haberle causado”, dijo Carrió, que afirmó: “Me parece una enormidad que estas personas estén privadas de su libertad. El riesgo procesal es inexistente, el argumento del peligro de repetición del delito es absurdo: no solo las imputaciones son desmedidas, la privación de la libertad es absolutamente inconstitucional”, sostuvo. La constitucionalista María Angélica Gelli coincidió: “Este caso me asombró muchísimo; sobre todo por la prisión preventiva. Es una exageración”.

Hernán Gullco, presidente de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y codirector de la especialización y maestría en Derecho Penal de la Universidad Torcuato Di Tella, dijo que lo que está pasando en Jujuy es “muy inquietante”.

“Hay que distinguir dos cosas. Por un lado, está el alcance la libertad de expresión, pero la clave acá es la vía elegida”, dijo. Según Gullco, la vía penal, con prisión preventiva, “no es aceptable”.

 “La prueba de la lesión [a Snopek] es muy superficial y el delito de supresión del estado civil está pensado para otra cosa; no para cuando se hacen afirmaciones sobre el origen de una persona. Eso podría encuadrar en la figura de injurias, pero en ese caso, no tendría nada que hacer el fiscal [el delito de injurias es de acción privada]”.

Gullco explicó que lo más normal en estos casos es que quien se considere ofendido recurra a una acción civil. La causa contra Morandini y Villegas, para Gullco, es de un exceso punitivo “absoluto”. Destacó que, para pedir las detenciones, el fiscal alegó que los acusados podrían obstaculizar la investigación pero “no justificó para nada” ese argumento.

Agustina Lloret, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), dijo que para esta asociación, la causa contra Morandini y Villegas es “un caso muy grave de criminalización a la libertad de expresión”. Afirmó que los acusados solo “hicieron posteos en clave satírica sobre un rumor que ya venía circulando desde hacía varios días” y que les imputaron delitos que jamás podrían haber cometido, como la alteración del estado civil de la hija de Morales. El CELS denunció el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas. “Es un proceso absolutamente desmesurado e irracional, de un uso abusivo del derecho penal”, afirmó Lloret.

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