Luego de que el presidente Javier Milei se viera envuelto en un hecho de corrupción por el criptoactivo denominado “$LIBRA”, habilitó a la Oficina Anticorrupción (OA), organismo desconcentrado del Ministerio de Justicia, para que investigue el caso, y sobre "posibles irregularidades o conductas indebidas por parte funcionarios públicos".

También se oficializó, mediante Decreto 114/2025, la creación de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), para que colabore “de forma rápida y expedita con el Poder Judicial y/o el Ministerio Público Fiscal”.

Para ello, la UTI podrá "requerir información, datos y documentación a todos los funcionarios públicos, órganos y organismos que integran el Sector Público Nacional", así como solicitar información a organismos provinciales, internacionales y de otros Estados.

Además, el decreto aclara que la UTI "no podrá emitir juicios sobre hechos y circunstancias que constituyen materia exclusiva del Poder Judicial". No obstante, se señala que su labor contribuirá a "dilucidar cualquier irregularidad relacionada al criptoactivo denominado ´$LIBRA´".

El documento también destaca que la creación de la unidad investigadora "no irrogará gasto alguno para el Estado Nacional" y que se disolverá una vez finalizada su tarea.

Javier Milei firmó la norma junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reafirmando el compromiso del Gobierno con la "transparencia y la honestidad, la lucha contra la corrupción y la eliminación de los privilegios de la clase política".