Desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, la administración pública nacional registró 43.778 despidos, lo que representa un recorte del 12,8% del personal estatal. Así lo revela un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que analizó el impacto de la política de ajuste en empresas y organismos del Estado.

El CEPA detalló que los despidos se concentraron en empresas públicas y sociedades estatales, seguidas por la administración descentralizada y la administración centralizada. Entre las dependencias con mayor reducción porcentual de su personal se encuentran:

• Desarrollo de Capital Humano Ferroviario (-99,7%)
• Agencia de Publicidad del Estado SAU, ex Télam (-79%)
• ENARSA Patagonia S.A. (-66,7%)
• Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (-60%)
• Educar S.E. (-52,7%)
• Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones Laura Bonaparte (-51,7%)
• INCAA (-47,6%)
• Contenidos Públicos S.E. (-44,6%)
• Polo Tecnológico Constituyentes S.A. (-40%)
• Instituto Nacional de Promoción Turística (-39%)

El informe destaca que la reducción no solo apunta a disminuir el tamaño del Estado, sino también sus capacidades regulatorias y de gestión.

Empresas estatales con más despidos

Entre las empresas y organismos que sufrieron el mayor recorte de personal en términos absolutos, el Correo Argentino encabeza la lista con 4.705 despidos. Le siguen:

• Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ex AFIP): -1.694
• Aerolíneas Argentinas: -1.558
• AySA: -1.463
• CONICET: -1.422
• Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado: -1.333
• ANSeS: -1.272
• Desarrollo de Capital Humano Ferroviario: -1.075
• Banco Nación: -765
• ENACOM: -719

El documento subraya que en el caso del Banco Nación, “el Gobierno hizo explícita su intención de privatizarlo”, lo que genera incertidumbre sobre el futuro de sus empleados.

También alerta sobre el impacto del ajuste en el sistema ferroviario, con fuertes recortes en la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado y Desarrollo de Capital Humano Ferroviario. Además, destaca el desmantelamiento del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (-60%) y la reducción del 52% del personal del Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones Laura Bonaparte.

Finalmente, el CEPA concluye que “esta política de desguace del sector público está alineada con el objetivo explícito de la gestión libertaria de reducir el Estado, no solo en su tamaño sino también en sus capacidades regulatorias y de gestión”.