Una joven voluntaria de la Armada, Brisa Páez, de 21 años, sufrió una grave lesión en la cabeza durante un entrenamiento, lo que ha llevado a la detención de nueve personas y a una investigación por parte de la Justicia federal para determinar si su caída fue resultado de una agresión deliberada.

El incidente tuvo lugar el 4 de abril, cuando Páez se encontraba realizando una práctica antidisturbios en la base naval de Vicente López. La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, ordenó el pasado miércoles una serie de allanamientos en la base y en los domicilios de varios implicados.

Según reportes, durante el simulacro, uno de los instructores impactó con fuerza el escudo que sostenía Páez, provocando que perdiera el equilibrio y cayera de espaldas, golpeándose la cabeza contra el suelo. A pesar de presentar signos evidentes de desorientación, los ejercicios continuaron durante varios minutos. Un informe preliminar de la Fiscalía federal indica que Páez contaba con solo cuatro meses de formación en la Armada y no había recibido instrucción específica para este tipo de entrenamientos.

Aunque inicialmente se consideró un accidente, compañeras de Páez declararon que ella había sido tratada con mayor violencia que el resto del grupo durante el ejercicio y mencionaron una posible relación personal previa con uno de los instructores que podría haber influido en su trato. Testigos señalaron que la joven experimentó un fuerte dolor de cabeza al finalizar el ejercicio, pero no fue atendida por un médico de la base hasta varias horas después. Posteriormente, fue trasladada al hospital militar de Campo de Mayo, donde reportó una pérdida de sensibilidad en el lado izquierdo de su cuerpo, lo cual encendió alarmas.

Debido al empeoramiento de su estado de salud, fue llevada al Hospital Militar Central en Belgrano, donde fue inducida a un coma durante una semana. El diagnóstico reveló que había sufrido una lesión axonal difusa, una forma severa de daño cerebral causada por fuerzas de aceleración y desaceleración violentas.

Tras estos acontecimientos, la jueza Arroyo Salgado ordenó los allanamientos y detenciones, donde se incautaron teléfonos celulares, documentación interna y grabaciones del entrenamiento. La jueza tiene ahora diez días para definir la situación procesal de los acusados, quienes enfrentan cargos que incluyen lesiones gravísimas, incumplimiento de deberes de funcionario público y posible encubrimiento.