El Gobierno argentino, liderado por Javier Milei, ha puesto en marcha el proceso de privatización total de Energía Argentina S.A. (ENARSA) mediante el Decreto 286/2035, publicado este viernes. La medida busca separar las actividades y bienes de cada una de las unidades de negocio de la empresa, con el objetivo declarado de mejorar la eficiencia del Estado y fortalecer el rol del sector privado en el desarrollo energético del país.

Dentro de este marco, se ha autorizado la venta del 100% de las acciones de ENARSA en CITELEC S.A., la empresa que opera Transener, responsable de la transmisión eléctrica en Argentina. Esta operación se llevará a cabo a través de un concurso público nacional e internacional. Las autoridades nacionales argumentan que ENARSA ha requerido significativas transferencias del Tesoro para mantener una estructura que no ha demostrado resultados eficientes ni en la calidad del servicio ni en su administración, citando aportes estatales de aproximadamente $1.234.888.578.000 en 2023.

El decreto, firmado por Javier Milei y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, sostiene que la intervención estatal en las actividades del sector privado no ha logrado cumplir con los objetivos esperados y ha sido ineficaz en la gestión de los servicios públicos. En consecuencia, se busca transferir la gestión de actividades clave a manos del sector privado, impulsando así la competencia y garantizando precios sostenibles para los ciudadanos.

ENARSA se ha declarado “sujeta a privatización” de acuerdo con el artículo 7° de la ley de Bases, afirmando la necesidad de ejecutar este proceso por etapas, garantizando la continuidad de los servicios y la ejecución de obras en curso.

Sin embargo, la decisión ha sido objeto de críticas. Federico Basualdo, exsubsecretario de Energía, había advertido que ENARSA desempeña un papel crucial en el sector energético argentino, no solo al asegurar las importaciones de combustible, sino también en la gestión de activos estratégicos. La privatización de estos activos podría resultar en la pérdida de la capacidad del Estado para regular mercados fundamentales, como el de gas o energía eléctrica.

Transener, que controla 15.408 kilómetros de líneas de transmisión y 60 estaciones transformadoras, gestiona el 86% de las líneas de alta tensión en el país. La actual estructura de la empresa se formó en 2007 tras la obligación de Petrobras de deshacerse de su participación en CITELEC, con ENARSA adquiriendo posteriormente las acciones de electroingeniería.

La medida ha abierto un amplio debate sobre el futuro del sector energético en Argentina y las implicancias de ceder el control a la iniciativa privada.