La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anuncio el despliegue de fuerzas federales para liberar los cortes en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, como la autopista Panamericana, realizados por manifestantes en protesta por el fallo de la Corte Suprema que condenó a Cristina Kirchner en la causa Vialidad. Este operativo se enmarca en el protocolo antipiquetes implementado por el gobierno para garantizar la libre circulación en rutas y calles nacionales.

Según Bullrich, las fuerzas federales, incluyendo Gendarmería Nacional, Policía Federal, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria, están autorizadas para intervenir en caso de bloqueos, actuando sin necesidad de una orden judicial previa en situaciones de flagrancia. La ministra enfatizo que se empleará la fuerza necesaria y proporcional para despejar los accesos afectados. 

El gobierno también anuncio que las organizaciones responsables de los cortes serán notificadas para que asuman los costos de los operativos de desalojo, como parte de una política de "el que corta, paga". 
Este enfoque genero críticas de organismos de derechos humanos y juristas, quienes advierten que el protocolo podría vulnerar derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el derecho a la protesta.